Se entregó un software, pero no cumplió con la norma y no fue funcional por lo que fue devuelto.

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) entabló un amparo en contra de la sentencia que le obliga al pago de 88.8 millones de pesos al Gobierno de Oaxaca, derivado del incumplimiento de contrato para la realización de un software.

Alfredo Barrera, rector de la máxima casa de estudios mexiquense, refirió que se está a la espera del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el tema, pues “el juicio de amparo que estamos interponiendo va en el sentido de que no fue un convenio de la Universidad, son funcionarios que firmaron en una supuesta representación de la Universidad”.

En este entendido, precisó que la UAEMex reclama que se requiera el pago a sus ex funcionarios Hugo del Pozzo Rodríguez y Enrique Fitch Becerra (quienes en agosto de 2017 quedaron en libertad bajo fianza, acusados de peculado en agravio de la administración pública por este caso), “es a ellos a quienes se tiene que fincar una responsabilidad y no a la Universidad con recursos públicos”.

Recordó que ya existe un primer resolutivo en favor del gobierno Oaxaca que señala incumplimiento de la UAEMex.

Barrera Baca admitió que se encuentra en comunicación con el gobierno de Oaxaca para conocer su postura y plantear alternativas de solución también por la vía de negociación institucional, de ser posible hasta llegar a la condonación de la deuda.

En 2011, la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Oaxaca entabló un contrato con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) para la creación de un software que cumpliera con disposiciones contables, manejo de presupuesto y transparencia.

La plataforma se entregó, pero no cumplió con la norma y no fue funcional por lo que fue devuelta.

El trabajo costó 56.3 millones de pesos y nunca fue entregado con los ajustes requeridos.

El rector negó que esta acusación y los adeudos de la Universidad con instituciones como el Instituto de Seguridad Social del Estado de México (ISSEMyM) afecten la imagen de la máxima casa de estudios, pues esta continúa su labor académica, de investigación y de retribución social.

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