lunes, marzo 18, 2024

El Poder Judicial mexiquense está en franco desacato a la Ley de Amnistía al impedir que personas injustamente presas obtengan la libertad, sentencia el CDHZL; pide intervención de la ONU.

Hasta la primera quincena de junio, el Poder Judicial del Estado de México solo ha concedido el 26.42 por ciento de las mil 881 peticiones de amnistía presentadas, es decir apenas 497. Ante ese panorama, el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, CDHZL, considera que la Ley de Amnistía está en peligro de convertirse en letra muerta, por lo que solicita con urgencia la intervención de la Organización de las Naciones Unidas, ONU.

A través de una carta, el CDHZL  expone “hemos visto criterios judiciales aplicando de manera, no sólo incorrecta este instrumento jurídico, sino poco garante y distante de su espíritu legislativo”, por lo que demanda la participación inmediata de Michelle Bachelet, la alta comisionada de los Derechos Humanos de este organismo internacional, a fin de hacer valer la Ley de Amnistía en México, de manera particular en la entidad que gobierna Alfredo del Mazo Maza.

En  un comunicado, el colectivo defensor de los derechos humanos de “Zeferino Ladrillero”, precisa que “se han detectado obstáculos burocráticos innecesarios que impiden que las personas con escasos recursos opten por solicitar amnistía al no ser un proceso asequible”, afirmó el colectivo que defiende las garantías individuales de las personas en México.

José Antonio Lara Duque, abogado de este centro, recordó que el objetivo de la Ley de Amnistía es “construir la justicia social y hacer valer los derechos de todas las personas, de manera particular las más vulnerables”.

Agregó: “a pesar de que existen pronunciamientos por parte del organismo público defensor de derechos humanos local, donde se reconoce que fueron víctimas de violaciones a derechos humanos y al debido proceso, los impartidores de justicia del Poder Judicial mexiquense criminalizan a las personas injustamente presas, a pesar de ser inocentes”.

“Resaltó que el Poder Judicial mexiquense, que preside Ricardo Sodi Cuellar, está en franco desacato a la Ley de Amnistía, al impedir que personas injustamente presas obtengan la libertad, a pesar, de que la Comisión de Derechos Humanos de la entidad reconociera violaciones serias al debido proceso en decenas de casos penales”, destaca el comunicado de CDHZL.

En ese contexto, Lara Duque destacó que “hay impartidores de justicia en México que carecen de los elementos básicos para interpretar, por ejemplo, que una persona indígena tiene una serie de garantías jurídicas por el hecho de pertenecer a un grupo vulnerable en el país; en el mismo caso están: menores de edad, personas discapacitadas, adultos mayores, mujeres, entre otros grupos más”, dijo.

EJEMPLO

Al respecto, la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, que recientemente presentó en cinco lenguas originarias: matlazinca, mazahua, otomí, náhuatl y tlahuica, el libro donde está contenida la Ley de Amnistía, informó que hay 378 personas de estos pueblos internadas en alguno de los centros preventivos y de reinserción social de la entidad.

Tal es el caso de Daniel Plácido Arroyo, quien se encuentra injustamente preso en el penal de “Santiaguito”, en Almoloya de Juárez. A pesar de que en agosto pasado, el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en Materia Penal le otorgó  Amparo y Protección de la Justicia de la Unión el Poder Judicial mexiquense decidió mantener la resolución condenatoria en su contra.

El joven fue detenido a finales de 2015, en San Pedro Totoltepec, después de que una persona que fue víctima de secuestro tres meses antes,  supuestamente lo reconoció como uno de sus presuntos captores, por ser moreno y “estar mugroso”.

“El Poder Judicial del Estado de México se empecina en tener a gente inocente en prisión. Más que hacer justicia, buscan la forma de darle protección a quien tiene el poder para pagarla (…) porque vemos claramente que aunque tenga las pruebas de su inocencia, aunque se compruebe que es inocente (…) simplemente no importa”, expresó su hermana Leidy Plácido Arroyo, en entrevista exclusiva para COMUNICADORESMX.

Y es que bastan los señalamientos de una persona –la presunta víctima- para que Daniel continúe en la cárcel.  El Primer Tribunal de Alzada del Poder Judicial ignoró la orden del Poder Judicial de la Federación, que a través del Segundo Tribunal Colegiado, demandó  desde agosto de 2020, dar valor probatorio a las pruebas que presentó su defensa.

INFORME DE LA CODHEM

En un comunicado la comisión que encabeza Jorge Olvera García destacó que integrantes de los pueblos indígenas sufren constantes agresiones a sus derechos humanos, debido a  su color de piel, su condición socioeconómica y su nivel educativo, por lo que merecen conocer el contenido de la Ley de Amnistía.

De acuerdo con la Codhem, en total  ha recibido 404 solicitudes de amnistía, de las cuales 349 corresponden a hombres y 55 a mujeres. Y junto con el equipo CDHZL se han enviado al Poder Judicial  22 solicitudes de amnistía.

Sin embargo, el abogado de ese colectivo de defensa de derechos humanos, José Antonio Lara, señala que jueces y magistrados mexiquenses se niegan a robustecer el Poder Judicial acorde a los derechos humanos, tal y como lo perfila la reciente reforma al Poder Judicial que impulsa el ministro-presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por ello la insistencia de que  “la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, tiene que intervenir de manera inmediata y urgente para evitar seguir atropellando los derechos humanos de miles de personas privadas de su libertad de manera injusta, casos que ya han sido analizados y vinculados a través de la Comisión mexiquense”. 

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