Hace falta reforzar en jueces y magistrados una visión garantista de la Ley de Amnistía del Edoméx: Max Correa
La Ley de Amnistía del Estado de México es la “oportunidad para el borrón y cuenta nueva y dejar atrás los errores del sistema, los errores personales de los juzgadores, los errores de quienes incurrieron en conductas ilícitas, tratándose de delitos no graves, y entonces empezar a construir una nueva historia…”
Así lo consideró el diputado del grupo parlamentario de Morena, Max Correa, uno de los principales promoventes de esa ley en el congreso local, quien destacó que será tarea de la siguiente legislatura –de la cual formara parte como diputado plurinominal- impulsar un nuevo sistema de justicia penal más justo en la entidad.
En entrevista exclusiva con COMUNICADORESMX, destacó que la ley representa “la oportunidad para olvidar la corrupción de los malos juzgadores”, los cuales dijo, deben ver el beneficio que obtienen después de equivocarse con las sentencias ya que no son infalibles. “Es el olvido para buscar la reconciliación y la construcción de paz en el estado”.
El otro escenario, señaló el diputado es que continúe en crecimiento el encono de los familiares de los injustamente presos y entonces se exhiban los nombres de esos malos juzgadores y de toda su corrupción, dijo al referirse a la reciente manifestación de mujeres que se raparon el cabello y consideró que de ese acto debe haber un resultado favorable.
Sobre el tema de las malas sentencias aplicadas por jueces mexiquenses, Max Correa argumentó que en el Poder Judicial hay de todo, y si bien hay algunos juzgadores deshonestos, también confió en que la mayoría no lo son y defienden los criterios garantistas. En ese contexto, reconoció el papel del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Ricardo Sodi Cuellar quien buscar darle un nuevo giro a este poder del estado.
Refirió que el magistrado Sodi y su equipo colaboraron en el diseño de la iniciativa de la Ley de Amnistía e incluso hubo capacitación a jueces y magistrado. La esencia del curso, dijo, fue todo el tema de derechos humanos, el cual fue “muy intenso”.
“Hace falta reforzar más en todos los jueces y magistrados esa visión garantista, esa aplicación del principio pro persona, sobre todo en materia penal, cuando se va a juzgar, que se aplique todo aquello que le beneficie a la persona. Es lo que todavía no vemos que esté permeando abajo”, expresó.
Esto dijo, también debe suceder en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Señaló que por la presión de la sociedad, las fiscalías caen en la tentación de fabricar culpables con inocentes, Sin embargo, con la fabricación de culpables “la víctima tampoco obtiene justicia porque se le está engañando”.
En términos generales señaló que se trata de una “situación que puede ser perfectible” y dijo que al respecto que los legisladores, “estamos obligados al escrutinio de las personas y tenemos que ser autocríticos para que los instrumentos que se crean como la Ley de Amnistía sean más eficaces y tengamos, como dicen algunos colectivos “una amnistía que sirva para hacer justicia”.
Al respecto, reconoció que hubo un retraso en la integración de la comisión legislativa que debe atender casos especiales de delitos de alto impacto, debido al rebrote del covid primero y a que hubo diputadas y diputados que enfermaron, y luego al tema de la elección y la posibilidad legal de reelegirse.
Destacó que en el caso de los delitos de alto impacto la amnistía procede si hay recomendaciones de las comisiones estatal o nacional de derechos humanos o incluso de organismos internacionales que señalen que se fabricó el delito o se violentó el debido proceso o los derechos humanos del inculpado, o hubo la fabricación de un delito.
Esos casos -refirió- los podrá revisar la comisión especial de la Legislatura para emitir una recomendación: para el Poder Judicial, si se valora que se tiene que aplicar la amnistía, o para el Poder Ejecutivo si se considera que se tiene que aplicar el indulto. También puede dirigirse a la propia Fiscalía para que se abstenga de continuar con la acción penal, si es el caso.
