viernes, diciembre 9, 2022
Liberan a uno de los feminicidas de Fátima

Misael “N”, de 25 años de edad, uno de los tres feminicidas de la niña Fátima, recuperó su libertad porque cuando ocurrió el crimen tenía 17 años con 9 meses.

Sin siquiera cubrir la reparación del daño, Misael “N”, de 25 años de edad, uno de los tres feminicidas de la niña Fátima, recuperó su libertad porque cuando ocurrió el crimen él tenía 17 años con 9 meses.

Lorena Gutiérrez, madre de la niña, advirtió que su liberación podría traducirse en un riesgo potencial para otras mujeres, además de que la pena que le fue impuesta es simbólica para un crimen cometido con tanta saña que, en todo caso, no corresponde a la edad que el imputado esgrimió en su defensa.

El 5 de febrero de 2015, Fátima tenía 12 años. Unos metros antes de llegar a su casa, después del colegio, fue interceptada por sus vecinos José Juan Hernández Tecruceño y los hermanos Misael y Luis Ángel Atayde Reyes, quienes la agredieron sexualmente y asesinaron con extrema violencia.

En busca de justicia, además de múltiples irregularidades procesales, la familia de Fátima sufrió desplazamiento forzado; tuvo que dejar su comunidad, La Lupita Casas Viejas, ubicada en el municipio de Lerma, por las amenazas recibidas para que abandonaran el caso.

En el destierro, el dolor emocional y una negligencia médica también cobraron la vida de Daniel, el hermano de la niña.

Pese al hostigamiento para abandonar la denuncia, su lucha logró la prisión vitalicia de José Juan y una pena de 73 años de cárcel para Luis Ángel, pero éste 16 de junio –unos días después del cumpleaños 20 de Fátima-, los tribunales dieron por compurgada la totalidad de la pena de 5 años de internamiento –como máximo para los menores infractores- impuesta a Misael, a quien le faltaban tres meses para cumplir la mayoría cuando participó en el crimen.

La fecha de la liberación se estableció en audiencia el 2 de mayo pasado, cuando Misael además afirmó no tener dinero para reparar el daño. Ximena Ugarte, abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), reconoció que un vacío jurídico deja en estado de indefensión a la familia de la víctima para que el pago se concrete.

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