Lozoya portará un localizador electrónico;  entregará pasaporte y visa para evitar su salida del país.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez la vinculación a proceso del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, al cumplirse todos los requisitos que se establecen para la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por el caso Agro Nitrogenados.

Durante la audiencia virtual, en la que Lozoya compareció desde un hospital donde se encuentra internado por anemia, la Fiscalía presentó pruebas en contra del exfuncionario federal sobre presuntas irregularidades en la compra de una planta de fertilizantes que provocaron un daño patrimonial a Pemex, para solicitar la vinculación de proceso.

Luego de una amplia reflexión sobre los argumentos presentados por las partes, el juez José Artemio Zúñiga Mendoza vinculó a proceso a Emilio Lozoya Austin, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de adquirir un bien inmueble dentro del territorio nacional, con conocimiento de que los recursos utilizados proceden de una actividad ilícita con el propósito de ocultar el origen o propiedad de dichos recursos con el fin de aparentar una actividad lícita.

Durante la audiencia, realizada de forma remota por videoconferencia -Lozoya en un hospital y el juez en el Reclusorio Norte-, la Fiscalía General de la República solicitó que, como medidas cautelares, se continúe la vigilancia de la Policía Ministerial en el hospital donde se encuentra internado; la colocación de un localizador electrónico, y la entrega de su pasaporte y visa para evitar su salida del país.

La defensa de Lozoya manifestó estar de acuerdo con las medidas cautelares, mientras que el juez precisó que permanecerán vigentes por todo el tiempo que dure el proceso, y precisó que “garantizan su presunción de inocencia”.

Antes de finalizar, la Fiscalía solicitó al juez un periodo de seis meses para el cierre de la investigación, argumentando que requieren mayores datos de prueba, así como de asistencia internacional. 

La FGR declaró ante el juez de control José Artemio Zúñiga Mendoza, que el 5 de marzo de 2019, Martha Edith Márquez Acosta, representante legal de Pemex, denunció ante la autoridad que, un avalúo inicial, realizado en 2012, estimaba que la adquisición de Agro Nitrogenados requería $400 millones de dólares, de los cuales 150 millones eran para reiniciar actividades.

Sin embargo, “el 1 de diciembre de 2013 modifican el avalúo y de 400 millones de dólares pasa a 475 millones de dólares por Agro Nitrogenados, por lo que se solicitó al Indaabin un avalúo de la planta adquirida, pero luego se pidieron eliminar esos avalúos y se pidió que hiciera uno comercial”, expuso la FGR.

La Fiscalía afirmó que, en aquel momento, Lozoya, “en su calidad de director de Pemex dijo que era primordial para el gobierno la producción de fertilizante, por eso era importante adquirirla para lo que se requería de inicio 175 millones de dólares, y 200 millones de dólares para la reactivación de la planta e insistió que la primera era la producción de fertilizantes”.

“Finalmente la transacción se llevó a cabo por 275 millones de dólares, que correspondió cubrir 264 millones de dólares por los activos y 11 millones de dólares por los inmuebles, que en su totalidad de los inmuebles fue de 380 millones de pesos”, planteó la Fiscalía.

La FGR reportó que el incremento a 285 millones de dólares, “llamó la atención de las filiales, además de los 65 millones de dólares, que cobraron por intereses de la deuda”.

La autoridad también aportó al juez, como material probatorio, una denuncia interpuesta el 2 de mayo de 2019 por Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en contra de Emilio Lozoya, su hermana Gilda Lozoya, y Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), por presuntamente haber ocultado el origen y el beneficiario de esos recursos.

También presentaron documentos que probarían que el exdirector de Pemex a la empresa Tocho Holding para operar cuentas bancarias en Suiza, a través de las cuales presuntamente recibió depósitos de AHMSA, siendo sus beneficiarios Emilio y Gilda Lozoya.

La representación jurídica de Pemex validó la hipótesis, así como los argumentos presentados por la Fiscalía, y afirmó que las conductas del imputado causaron daño a la paraestatal contable negativa.

Fuente: Aristeguinoticias.com