Se lleva a cabo una política de regreso a clases que no considera todas las previsiones necesarias para salvaguardar la salud de niñas, niños y adolescentes: Redim

A través de una carta dirigia al presidente Andrés Manuel López Obrador y al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, la Red por los Derechos de la Infancia en México revela que desde que inició la pandemia, más de mil niños de entre 0 y 17 años han perdido la vida a consecuencia de la Covid-19:

Durante el confinamiento que siguió a la propagación de los contagios por COVID- 19, la niñez y la adolescencia han padecido afectaciones directas en el goce y ejercicio efectivo de muchos de sus derechos humanos y uno de ellos, principalmente el derecho a la salud. A pesar de que la protección de la salud es un derecho consagrado constitucionalmente, sin olvidar que es consustancial e interrelacionado al ejercicio pleno de otros derechos.

A pesar de que en México estamos por cumplir dos años del inicio de la pandemia, y se siguen desarrollando cada vez más contagiosas, el Gobierno Federal aplica dosis de refuerzo a personas adultas, pero ha declarado repetidamente que no planea adquirir vacunas para niñas, niños y adolescentes entre 5 y 14 años de edad, ni están incluidos en la estrategia nacional de vacunación. La Secretaría de Salud (SS) ha dicho que no están contemplados por ser la población a la que el virus ataca con menor agresividad, a pesar de que al 30 de enero de 2022, la propia SS ha reportado 295,233 contagios, 12,977 hospitalizaciones, 971 intubaciones y 1,088 defunciones en el rango de edad de 0 a 17 años. Debido al número limitado de pruebas diagnósticas realizadas, los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2020 sobre COVID-19 y del reporte del exceso de mortalidad de la SS indican que las cifras de contagios y defunciones en realidad ascienden a unos 8,856,990 y 2,394, respectivamente.

En este escenario, además se lleva a cabo una política de regreso a clases que no considera todas las previsiones necesarias para salvaguardar la salud de niñas, niños y adolescentes. Por ello, miles de familias, ante el miedo e incertidumbre han preferido no enviar a sus hijas e hijos a las aulas.

Se ha ignorado además el posible desarrollo de COVID persistente o “largo” (caracterizado por el desarrollo de afecciones crónico degenerativas en hasta el 40% de personas contagiadas) en forma tal que, contrario a sensibilizar a los padres de familia y población estudiantil, se comunica un mensaje de falsa seguridad, que les expone a un riesgo de contagio aún mayor.

Hay que atender a la evidencia: tras probar su seguridad y eficacia en la población de niñas, niños y adolescentes la vacuna de Pfizer-BioNTech ha sido aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y los organismos reguladores de Estados Unidos (FDA/CDC) para aplicación de dos dosis (de 5 a 11 años de edad) y tres dosis (de 12 a 17 años de edad). Un esquema completo de vacunación reduce significativamente: 1) el riesgo de sintomatología severa, enfermedad grave, hospitalización y muerte; 2) el desarrollo de COVID persistente; 3) el desarrollo de síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico (PIMS/ MIS-C; 91%-12-18 años).

Ante la insistencia ciudadana, el Gobierno Federal ha procedido a vacunar solamente a adolescentes de 12 a 17 años que padecen comorbilidades graves, a pesar de la aprobación de COFEPRIS para este rango de edad. Sin embargo, la negativa para la vacunación generalizada de niñas y niños de 5 a 12 años continúa en nuestro territorio nacional, en inexplicable contraste con la campaña de vacunación a este grupo etario en los Consulados Mexicanos en Estados Unidos, y de la práctica de países como Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Venezuela, Perú, Paraguay, Panamá, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Uruguay, Canadá y Estados Unidos, que han decidido vacunar a la niñez desde dos, tres y cinco años de edad.

Así como las personas adultas tuvieron el derecho de proteger su salud, el Gobierno no puede violentar ese derecho a la niñez porque el virus “no es tan grave en ellos”. Con un niño que sufra, con una niña que ponga en riesgo su vida, hay suficiente razón para reconocer ese derecho constitucional. No podemos permitir que se sigan poniendo los derechos humanos de la niñez y adolescencia mexicana en perspectiva adultocéntrica, en segundo plano. La omisión y el desdén resultan inaceptables.

A la vacuna se deberán sumar otras medidas, como verdaderos protocolos en las escuelas, la gestión correcta del riesgo con medidas de bioseguridad para permitir que a niñas, niños y adolescentes se les garantice otro derecho: aprender en las escuelas con sus docentes y sus pares.

No podemos seguir esperando milagros, no podemos seguir esperando a que la pandemia llegue a su límite para tomar acciones. Exigimos que se diseñen las medidas de política pública para tales efectos, que se validen socialmente, y que se destinen los recursos necesarios para realizar una jornada de vacunación generalizada para las niñas, niños y adolescentes en México.