jueves, marzo 28, 2024

El fiscal Alejandro Gómez Sánchez minimizó feminicidios, corrupción y carpetas fabricadas.

Ni los feminicidios, ni los falsos culpables, ni la corrupción por todos conocida, fueron tópicos de preocupación para Alejandro Gómez Sánchez, en su papel de Fiscal General de Justicia del estado de México, durante su comparecencia ante diputados con motivo de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno.

Sus números cuadran con su ilusoria versión de su impartición de justicia pero no con la realidad que viven los familiares de los casi 19 mil injustamente presos y mucho menos con la que a diario se enfrentan padres, madres, amigos de todas aquellas mujeres que han sido víctimas de feminicidio.

La diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza (Morena) lamentó la inseguridad en la entidad para las mujeres, con primeros lugares en feminicidios y transfeminicidios, por lo que preguntó sobre el número de carpetas judicializadas, la corrupción y atención en los ministerios públicos. También recordó las recomendaciones a la institución por Amnistía Internacional en materia de derechos humanos, el incremento en desapariciones de menores de edad y agresiones a periodistas.

En respuesta Gómez Sánchez minimizó la investigación que realizó Amnistía Internacional al justificar que sólo son cuatro casos emblemáticos en 14 años y además, “en 2004 el delito aun no estaba tipificado como feminicidio” y además argumentó que no se puede avalar pérdida de evidencia por un asunto de  2015, cuando el nuevo sistema de justicia acusatorio, adversarial y oral entró en vigor en 2016. De nada sirvieron las cruces rosas en las curules morenistas.

El también morenista Gerardo Ulloa Pérez aseveró que no serán cómplices de la corrupción y la injusticia, pues a lo largo de los dos años que estuvo como procurador y cinco como fiscal, no se ve la reducción de la incidencia delictiva, las cosas no han mejorado y el avance es mínimo.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2021), el 70.5 por ciento de la población de 18 años y más considera la inseguridad como el problema más importante que la aqueja hoy en día, y el 75.7 por ciento percibe corrupción en el actuar del ministerio público y fiscalía y el 72.6 por ciento respecto de la policía ministerial, municipal y la estatal.

Ulloa Pérez también pidió al fiscal señalar a qué se compromete para acabar con la corrupción que se vive en las agencias del ministerio público y conocer cuál es el fundamento para la integración de una carpeta por una protesta en el viaducto bicentenario el 30 de septiembre de 2020, ante un exhorto aprobado por unanimidad por la Legislatura y por qué se ha negado al indiciado el acceso a la carpeta antes de la audiencia.

Este último tema referente a la carpeta que se abrió en contra del abogado Paulo Díez Gargari a quien se le acusa de tomar de forma simbólica la autopista.

Durante la sesión del pleno, la diputada Yesica Rojas Hernández, del Distrito 27 subió a un costado de la mesa directiva, con una cartulina donde exigió al Fiscal Justicia la detención de los autores intelectuales del homicidio de su esposo Francisco Tenorio, ex alcalde de Valle de Chalco, ocurrido el 29 de octubre de 2019.

Aunque también hubo reproches de los diputados del resto de los Grupos Parlamentarios, el fiscal supo sortear a cada uno de ellos e incluso reconoció desde un inicio que la dependencia tenía muchas fallas, pero conminó a verlas como áreas de oportunidad y afirmó que la Fiscalía no tiene color.

Finalmente, el fiscal general dijo que por las dimensiones y cantidad de población la entidad tiene el mayor número de feminicidios en el país, pero que se han empezado a contener, comparados con el año anterior (dos casos menos), que disminuyeron en 21% los homicidios dolosos contra mujeres y que se iniciaron 110 carpetas de investigación por feminicidio (69 carpetas judicializadas), además de condenas para 49 personas.

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