IEEM organizaría la elección; juezas y jueces seleccionados por la sociedad iniciarían su función en septiembre de 2025.
Octavio Martínez Vargas, diputado de Morena, presentó al pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma al Poder Judicial del Estado de México que busca homologar los criterios y procesos registrados a nivel federal, para que las y los ciudadanos mexiquenses tengan la posibilidad, en junio de 2025, de elegir a la mitad de las y los jueces y magistrados estatales y, así garantizar una impartición de justicia eficaz, eficiente y transparente que en estos momentos no tiene la población.
La propuesta fue ingresada para su estudio y análisis durante la sesión del pleno del Congreso local por el legislador Octavio Martínez, quien a nombre del Grupo Parlamentario de Morena precisó que los Congresos locales están obligados a adecuar su marco legal estatal, en un plazo no mayor a seis meses, para garantizar que a través de voto libre, directo y secreto, en una elección organizada por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), las y los ciudadanos mexiquenses tengan posibilidad de elegir a la mitad de las y los jueces estatales, los cuales entrarían en funciones en septiembre de 2025.
El diputado que forma parte de la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales recordó que la entidad ocupa el último lugar en impartición de justicia de acuerdo con todas las instituciones encargadas de medir ese tipo de indicadores.
Ante dicha realidad, enfatizó, “las y los diputados no podemos voltear a otro lado, hay quienes si lo hacen” y dicen que no pasa nada, pero no es correcto y por ello para el Grupo Parlamentario de Morena el estudio, análisis y debate de la actual propuesta es prioridad, enfatizó.
En este sentido puntualizó que la entidad tiene 22 Centros de Readaptación Social que albergan a 34 mil internos, “muchos de ellos procesados y/o sentenciados de forma injusta”, entre otros factores, dijo, porque se les fabricaron conductas delictivas que no cometieron, pero los actuales jueces estatales las validaron.
Al Poder Judicial no le interesa que en estos momentos existan inocentes en las cárceles y delincuentes en las calles, enfatizó Martínez Vargas al exponer algunas de las motivaciones de su iniciativa.
Otra muestra de la indolencia de las y los operadores del Poder Judicial del Estado de México, refirió, son miles de familias que están a la espera de tener la custodia de sus hijos tras haber entablado un proceso jurídico en contra de su expareja.
Un escenario similar de injusticia, expreso, son las mujeres que están a la espera del fallo de un juez para que se les entregue la pensión alimentaria a la cual tienen derecho.
Octavio Martínez Vargas explicó que su iniciativa propone realizar 23 modificaciones a la Constitución estatal, 4 adiciones y 3 derogaciones de artículos.
“Se busca conformar un poder estatal que garantice el derecho a la justicia, caracterizado por la apertura, la transparencia, el combate a la corrupción, la participación ciudadana, la gratuidad y una verdadera vocación de servicio público”, precisa parte de la propuesta que también contempla rediseñar la estructura y funcionamiento de los órganos administrativos y disciplinarios del Poder Judicial, con la finalidad de garantizar su autonomía, independencia y especialización técnica.
“Esta reestructuración busca desvincular la función jurisdiccional de las labores estrictamente administrativas, que abarcan el nombramiento y capacitación de jueces y magistrados, la reestructuración de los órganos jurisdiccionales, la gestión del presupuesto del Poder Judicial, así como las funciones disciplinarias y sancionadoras del personal”, puntualiza parte de la exposición de motivos de la iniciativa.
Y añade que también “se propone crear mecanismos sólidos para combatir la corrupción, la impunidad, el nepotismo, tráfico de influencias y los abusos dentro del Poder Judicial, promoviendo un sistema abierto al escrutinio público, con principios de transparencia y responsabilidad hacia la sociedad”.
Martínez Vargas resaltó algunos de los principales puntos de la propuesta: ningún funcionario del Poder Judicial podrá ganar más (de 129 mil 432 pesos mensuales) que la presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo.
En este punto, precisó que algunas de las y los funcionarios del Poder Judicial perciben más de 300 mil pesos mensuales y cuentan con seguro médico de gastos mayores, guardaespaldas, viáticos y pensiones extraordinarias con montos muy superiores a los que tiene derecho cualquier trabajador.
Es un Tribunal de justicia “rico” con justiciables “pobres”, comentó el legislador de la 4T al insistir que se busca establecer un Poder Judicial austero, eficaz y con plena división de Poderes.
Es de destacar que la propuesta puntualiza que los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial serán respetados en su totalidad.
Otro cambio relevante de la iniciativa detalló el legislador, es la disminución de periodos de función de las y los magistrados al pasar de 15 a 9 años su permanencia con opción a reelección; mientras que las y los jueces tendrán un periodo de 8 años también con opción a reelección.
La creación del Pleno de la Sala pasando de 56 Magistrados a 9 Magistradas y Magistrados, bajo esquemas de paridad en su integración, los cuales podrán conocer controversias entre Poderes, es otra de las innovaciones.
La propuesta también facultad a que las y los mexiquenses presenten acciones ciudadanas ante el Poder Judicial; plantea la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y fortalece la Escuela Judicial.
También establece el procedimiento para la integración y operación de los Comités que deberá instalar el Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo para realizar las evaluaciones de las y los aspirantes a los referidos cargos de impartición de justicia y al igual que a nivel federal, las y los actuales impartidores de justicia tienen derecho a postularse para competir y ratificarse en el cargo que actualmente detentan u otro, si la sociedad mexiquense así lo determina a través de su voto libre, directo y secreto.
La iniciativa fue turnada para su estudio a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia.