martes, noviembre 12, 2019

Puede incidir fuertemente en que las mujeres no sean violentadas: Karina Labastida.

La política pública municipal es un eslabón primordial para proteger y prevenir los riesgos y amenazas contra las mujeres al ser el ayuntamiento la autoridad más cercana a la población y por conocer de primera mano sus necesidades, sostuvo la diputada Karina Labastida Sotelo durante el encuentro con las Comisiones Permanentes, Especiales y Edilicias para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres.

La presidenta de la Comisión Especial para Combatir y Erradicar la Violencia Vinculada a los Feminicidios en el Estado de México de la 60 Legislatura destacó la responsabilidad de los integrantes de los ayuntamientos y de los encargados de las unidades municipales en la materia, pues con su voto y aportaciones en el Cabildo orientan las políticas públicas para prevenir y erradicar este problema, así como el destino y fiscalización del presupuesto.

Karina Labastida recalcó que el municipio puede incidir fuertemente en que las mujeres no sean violentadas, atendiendo situaciones cotidianas que las colocan en situación de riesgo, como los espacios pocos iluminados, mal planeados y sin seguridad. “Si cumplen su tarea, todos y todas saldremos beneficiados, porque un lugar sin violencia contra las mujeres también es seguro para los hombres y el resto de la comunidad”, precisó.

Por su parte, la diputada Guadalupe Mariana Uribe Bernal, presidenta de la Comisión Legislativa de Igualdad de Género, afirmó que el verdadero reto es visibilizar la discriminación y la injusticia contra las mujeres que frenan el desarrollo armónico de las instituciones, lo que a su vez impide propiciar cambios permanentes que garanticen la equidad como un mecanismo de eficiencia y productividad.

Informó que el Congreso local buscará homologar las leyes estatales con la reciente reforma constitucional federal en materia de paridad de género, para garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones como una condición necesaria para el diseño, desarrollo y aplicación de políticas públicas.

ANALIZAN LEGISLADORES INICIATIVAS PARA FORTALECER EL COMBATE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y AL MALTRATO INFANTIL

Las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Administración y Procuración de Justicia de la 60 Legislatura continuaron con el análisis de diversas propuestas de reforma en materia de violencia de género, maltrato infantil y registro de los antecedentes penales, presentadas en su momento por los diputados Mariana Uribe Bernal, de morena; Edgar Armando Olvera Higuera e Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del PAN, y Emiliano Aguirre Cruz, también de morena, respectivamente.

En el primer caso, el planteamiento de la legisladora Uribe es para agregar, en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, el término ‘persona ofendida’ para los familiares y dependientes económicos de las víctimas de feminicidio y la modalidad de ‘violencia contra la libertad reproductiva’.

Convocada por las Comisiones Unidas para ofrecer su opinión técnica, la comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, María Isabel Sánchez Holguín, sugirió que se considere la categoría de ‘víctima indirecta’ y no de ‘persona ofendida’, ya que es más amplia y garantista, y apuntó que es indispensable que la ley la incluya para garantizar su atención integral.

MALTRATO INFANTIL, DELITO GRAVE

Otra iniciativa analizada por las comisiones fue la presentada por los diputados panistas Edgar Armando Olvera Higuera e Ingrid Krasopani Schemelensky Castro para que en el Código Penal del Estado de México se incluya el maltrato infantil como delito grave y se precise su definición y las sanciones para quien lo cometa.

Esto, para armonizar este ordenamiento con los principios internacionales, la Constitución y las leyes federales y estatales, a fin de salvaguardar el interés superior de los menores.

ELIMINAR REGISTRO DE ANTECEDENTES PENALES EN CASO DE INOCENCIA O ANULACIÓN DE SENTENCIA

Las Comisiones Unidas analizaron también la iniciativa del diputado morenista Emiliano Aguirre Cruz de adicionar un párrafo al artículo 35 de la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado de México para eliminar de la base de datos de la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de México los antecedentes penales de manera inmediata de las personas sentenciadas que obtengan el reconocimiento de inocencia o anulación de sentencia, para que el ciudadano pueda continuar de manera inmediata su reinserción a la sociedad.

Los comentarios de los integrantes de las comisiones al respecto giraron en torno de la necesidad de garantizar el derecho de las personas procesadas a la reinserción social y de eliminar todo tipo de discriminación o estigmatización que les impida ejercer este y otros derechos y libertades.

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