Hay municipios en nuestro país, en donde las autoridades municipales son testaferros o viven acobardadas por narcos que imponen su ley: Alatorre Flores.
Por: Gabriela Landetta
La presencia del narcotráfico es uno de los factores que imposibilita la labor de los comités municipales de participación ciudadana de los sistemas estatales anticorrupción en algunas zonas del país, destacó Jorge Alberto Alatorre Flores, integrante del Comité de Participación Ciudadana Nacional.
“Hay municipios en nuestro país, en donde las autoridades municipales son testaferros o viven acobardadas por narcos que imponen su ley, y que por lo tanto buscan capturar tres instancias esencialmente. Primero iban por la Dirección de Policía, pero ya no les bastó. Ahora también quieren la Tesorería y la Dirección de Obras Públicas”, expresó.
Al participar en la 152 sesión ordinaria del CPC del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México y municipios, que encabeza Marco Antonio González Castillo, Alatorre Flores señaló que con esas acciones, el narcotráfico se vuelve un espoleador del presupuesto municipal.
“¿Qué va a hacer aquel presidente o integrante del comité de participación ciudadana, enfrentándose en un lugar alejado de la sierra a este tipo de intereses? La verdad es prácticamente suicida, porque pueden pasar cosas terribles, expresó quien es hasta el momento, el único integrante del CPC Nacional.
En su participación compartió que por esa circunstancia, él estaba escéptico de que pudieran instalarse los CPC’s en todos y cada uno de los municipios. Consideró que lo más adecuado sería, desde su punto de vista, sería contar con una forma distrital, con la que también se podría “disociar los ejercicios de persecución de la corrupción con las cercanía de personas dentro del mismo municipio”.
Y es que en municipios pequeños, donde no se tiene la interferencia del narco se presenta otro problema: “todo mundo está emparentado con todo mundo, y por supuesto la supervisión, la independencia y la imparcialidad son muy difíciles”, señaló Jorge Alberto Alatorre
A esto se suma lo que sucede por ejemplo en Jalisco, su tierra natal, donde no están integrados debidamente los órganos internos de control en la mayoría de los municipios.
“El problema es que si no están integradas las áreas de investigación, sustentación y sanción –explicó- los procesos que son conducidos a través de la contraloría municipal o de un órgano de control, se van a caer, van a ser recurridos fácilmente por el Tribunal Administrativo porque el proceso no fue llevado de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades”.
Pero el talón de Áquiles que enfrentan los CPC’s en la lucha contra la corrupción es justamente, a decir de Alatorre Flores, la conformación de las comisiones de selección de sus integrantes, debido a que son designadas por los legisladores.
“No es raro que diputados quieran poner a personas afines a sus intereses y éstas a su vez, repliquen como cadena de transmisión hacia el CPC, la designación de personas afines, cómodas, o cómplices a los intereses del poder, justamente la antípoda de lo que estamos buscando”, manifestó.
Por ello, consideró que esta selección debe efectuarse a nivel municipal en donde, sin necesidad de conocer a los interesados, se evalúen cartas y posturas de quienes se estén postulando para esta función, para que de la forma más objetiva posible puedan ser nombradas para el cargo.
