José Humbertus Pérez Espinoza propone crear grupo de expertos que analicen expedientes sujetos a la Ley de Amnistía.

José Humbertus Pérez Espinoza, ex prisionero de conciencia y fundador de la asociación civil Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH), realizó tres planteamientos para que la Ley de Amnistía vigente en el Estado de México tenga una verdadera operatividad y sirva para lo que fue creada: liberar a personas que de manera injusta fueron recluidas en cárceles mexiquenses, luego de que particulares y autoridades les fabricaron delitos y/o violentaron sus derechos humanos durante sus procesos jurídicos.

Humbertus Pérez en conferencia de prensa registrada en la zona centro de la capital mexiquense, aseguró que la Ley de Amnistía mexiquense no registra avances sustanciales porque no existe un grupo de expertos jurídicos y especializado en derechos humanos que este dedicado al cien por ciento a analizar cada uno de los expedientes que PIDH y otras organizaciones, aportan a las autoridades competentes para ese propósito.

Por ello, consideró que la iniciativa de ley que planteó al Poder Legislativo local tiene el objetivo de modificar y adicionar algunos artículos de la Ley en la materia.

“El grupo de expertos analizaría los casos por su relevancia, los expertos principalmente investigarían la etapa de investigación inicial y de investigación judicializada y se lograría acreditar que el Ministerio Público y la Policía de Investigación no realizaron miles de investigaciones, y concluiría que las conductas delictivas no se cometieron por las personas que están procesadas y sentenciadas por delitos de alto impacto”, precisó el dirigente de Presunción de inocencia.

Otro aspecto que para José Humbertus debe ser prioridad los diputados locales y federales, es indagar el destino final de los millones de pesos asignados a las instituciones que conforman el sistema de impartición de justicia estatal, como la Fiscalía y Poder Judicial, porque hay sospechas fundadas que dichos recursos se desviaron, es decir que no los aplicaron y por ello existen un gran número de fallas estructurales generadas, entre otros aspectos, por la falta de capacitación de la totalidad del personal involucrado en dicho sistema.

“También se propone que la Comisión Ordinaria de Amnistía y el grupo de expertos investiguen  las asignaciones e incremento al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), el cual se diseñó para fortalecer la seguridad pública, procuración y administración de justicia, readaptación social y para la instalación y consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA)…”

Lo anterior, precisó, ya que “se desconoce el destino de los recursos millonarios del FASP, del Centro de Control de Confianza del Estado de México, de la Universidad Mexiquense de Seguridad, del Centro de Medidas Cautelares del Estado de México, del Fondo para Construcción de nuevos Centros Penitenciarios conocido como FC3, así como también por la falta de operadores de justicia de las Instituciones de Seguridad Pública por carecer de la certificación constitucional, por no haber constituido la cerrera ministerial, policial y pericial”.

Por último, Pérez Espinoza, quien fue encarcelado durante más de cuatro años luego de que “altos” funcionarios del Gobierno del Estado de México le fabricaron delitos para mantenerlo inactivo y callado, precisó que la Ley de Amnistía no puede tener temporalidad como actualmente la tiene, ya que en uno de sus artículos se precisa que las personas podrán ser sujetas a la Ley de Amnistía siempre y cuando sus procesos jurídicos se hayan registrado antes del 5 de enero de 2021.

Por ello, precisó que su propuesta también plantea eliminar esa disposición y permitir que cualquier ciudadana o ciudadanos que haya sido sujeto a una violación de derechos humanos o procesado de manera injusta o irregular, pueda ser sujeto a la Ley de Amnistía.