Piden diputados a los poderes Judicial y Ejecutivo a que procuren y administren justicia con pleno respeto a los derechos humanos.

El diputado de Morena Max Agustín Correa Hernández denunció actos de “represalia procesal” en contra del activista José Humbertus Pérez Espinosa y señaló que la intención de reabrir un caso por un delito del que ya fue absuelto vulnera sus derechos fundamentales, por lo que llamó a los poderes Judicial y Ejecutivo de la entidad a que procuren y administren justicia con pleno respeto a esos derechos fundamentales.

En sesión deliberante, el legislador enfatizó que el grupo parlamentario de Morena siempre se ha pronunciado por el cese de la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, solicitando a las autoridades competentes e involucradas realizar todos los actos tendientes a la libertad de personas privadas de la libertad y apegarse a derecho.

Sobre todo, cuando se trata de consignas políticas en contra de las y los defensores de los derechos humanos quienes durante su encarcelamiento han padecido un sistema de justicia penal que entorpece su libertad o la dificulta, con tal de mantenerlos tras las rejas.

En esta ocasión es en contra nuevamente de Pérez Espinoza, autor de una de las iniciativas de Ley de Amnistía del Estado de México, en estudio en esta Legislatura, y presidente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, A.C., quien denunció que altos ejecutivos de inmobiliarias, en contubernio con autoridades de los gobiernos de Enrique Peña y Eruviel Ávila Villegas defraudaron a varias personas en Tecámac, lo que le costó la libertad.

El legislador recordó que Pérez Espinosa fue víctima de la fabricación de delitos como represalia por su lucha, además de que su esposa y su hijo enfrentan la persecución y existe riesgo de que sean detenidos.

No obstante, indicó, aunque fue absuelto de los delitos que se le imputaron, nuevamente es sujeto a proceso bajo una supuesta resolución de apelación, de la cual nunca le notificaron, lo que pone en peligro la libertad del luchador social y expreso político.

El Legislador no descartó que detrás de la diligencia se encuentre una represalia procesal por parte de autoridades estatales: “Ante una supuesta apelación y su resolución, ordena la reposición del procedimiento, situación que pone en peligro nuevamente la libertad de un luchador social y ex preso político”.

La supuesta apelación fue admitida a trámite por jueces habilitados ex profeso como magistrados, y no por los mismos quienes lo absolvieron, además de que se le designó de forma unilateral un defensor de oficio, cuando Pérez Espinoza cuenta con su propia abogada a quien por cierto tampoco notificaron de la interposición de la apelación ni les fueron corridos traslados, lo que pone en duda la imparcialidad en administración de justicia. magistrados que lo absolvieron sean quienes resuelvan la apelación.