lunes, julio 26, 2021
Penales del Edoméx alcanzaron 6 y 7.6 de calificación: CNDH

La CNDH presenta Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020.

Es necesario romper con los estereotipos y eslabones de exclusión, invisibilización, desigualdad, abandono y discriminación que sufren las personas privadas de la libertad, asi como las hijas e hijos que viven con ellas y sus familiares, para reconocerlas como seres humanos dotadas y dotados de dignidad y derechos, aseguró la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.

Al presentar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2020, llamó a las instituciones del Estado mexicano para que, en el ejercicio de sus funciones y conforme a un enfoque diferencial, especializado, con perspectiva de género, e interseccional, respeten los derechos de las personas privadas de su libertad y garanticen su acceso a todos aquellos servicios que les permita una vida digna en reclusión y favorezcan su reinserción social, sin corrupción, distinción ni privilegios.

La presidenta de la CNDH dijo que el DNSP permite observar las gestiones implementadas para prevenir, atender y/o mitigar los contagios de COVID-19 al interior de las cárceles. Durante su realización, personal de la Institución supervisó que dichas acciones no limitaran los derechos humanos ni restringieran los servicios a los que tienen derecho las personas privadas de la libertad, además de que cuando detectó situaciones que ponían en riesgo su integridad, solicitó su atención urgente.

Asimismo, dijo, el documento da a conocer las irregularidades cometidas y deficiencias detectadas en los centros estatales, federales, así como militares, específicamente en agravio de las personas mayores, mujeres, personas indígenas, personas con discapacidad, las pertenecientes a la población LGBTTTIQ+ y quienes viven con VIH, así como las omisiones y exclusión que continúan cometiéndose en su contra.

Para su elaboración, explicó, el Personal de la Tercera Visitaduría de este Organismo Autónomo realizó las visitas de supervisión cumpliendo las medidas sanitarias y analizó de manera integral el respeto de los derechos a la integridad personal, a la salud, a una habitabilidad y vida digna, a una reinserción social efectiva desde el momento en que ingresa al centro, a la seguridad jurídica, a la igualdad y no discriminación, entre otros.

Al reconocer los esfuerzos de las autoridades para prevenir y atender los contagios de coronavirus al interior de los penales, así como las acciones para suministrar vacunas contra COVID-19 a las personas privadas de la libertad, la presidenta de la CNDH reiteró la solicitud a aquellos sistemas penitenciarios que aún no han realizado dichas acciones, para que estén en condiciones de garantizar el derecho a la salud.

Por último, Piedra Ibarra recordó que desde el inicio de su gestión ha reiterado al personal de la CNDH que “dentro de nuestras funciones, debemos estar cercanos a las personas víctimas y aquellas que podrían, dadas sus condiciones estar en una mayor situación de vulnerabilidad, a sostener y mantener en todo momento un contacto directo con ellas y ser empáticos ante sus necesidades y alertar y actuar diligentemente ante cualquier riesgo que vulnere sus derechos humanos”.

Por su parte, la directora general de la Tercera Visitaduría de la CNDH, Hilda Téllez Lino, explicó que en el DNSP 2020 se verificaron las condiciones de reclusión de 113 centros penitenciarios, cubriendo de acuerdo con el muestreo seleccionado todas las entidades federativas del país y, gracias al rediseño de dicho instrumento de evaluación, en esta ocasión participaron organizaciones de la sociedad civil en su revisión y mejora.

Indicó que, de acuerdo con los resultados obtenidos, los centros penitenciarios de Sonora, Puebla, Sinaloa, Hidalgo, Tamaulipas y Nayarit siguen obtenido calificaciones inferiores a seis por varias deficiencias; los penales de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas obtuvieron calificaciones promedio entre 6 y 7.60; mientras que las prisiones de la Ciudad de México, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Tlaxcala y Querétaro observaron mejoras en sus servicios y obtuvieron calificaciones entre 8 y 8.47. En el caso de los Centros Federales de Readaptación Social, los CEFERESOS Número 2 (Jalisco); Número 5 (Veracruz); Número 7 (Durango); Número 9 (Chihuahua); el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Morelos) y los Centros de Prestación de Servicios (CPS) de Sonora, Guanajuato, Durango, Chiapas, Michoacán y Coahuila obtuvieron calificaciones entre 6 y 7.83. Por su parte, los Centros Federales de Readaptación Social Número 1 (Estado de México), Número 4 (Nayarit), Número 8 (Sinaloa) y los CPS 13 (Oaxaca) y 16 (Morelos) obtuvieron calificaciones entre 8 y 8.64.

En el caso de las prisiones militares ubicadas en la Ciudad de México, Sinaloa y Jalisco, Téllez Lino señaló que obtuvieron evaluaciones al alza entre 9.0 y 9.1; aunque aclaró que, en todos los casos, las calificaciones deben interpretarse de acuerdo con el contexto de cada entidad y no se pueden tomar como un listado comparativo entre sistemas penitenciarios, ya que cada uno de ellos reviste características y enfrenta desafíos distintos.

 

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