Quiere un presupuesto superior a los 5 mil millones de pesos.

El Poder Judicial del Estado de México solicitó a la Legislatura local le asigne en 2020 un presupuesto superior a los 5 mil millones de pesos, y no los 3 mil 936 millones que contempla el proyecto de Paquete Fiscal, a pesar de que significan más de 500 millones que los asignados este año que se le presupuestaron.

El poder judicial estatal, sin embargo, se ha mostrado reticente para disminuir los salarios de magistrados para que ninguno gane más que el presidente de la república, no acató el exhorto de los diputados para reponer el proceso de selección de 10 magistrados y mantiene una disputa jurídica con el congreso local y el ejecutivo por la disminución de 300 millones de pesos en su presupuesto 2019.

Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la 60 Legislatura, explicó que la solicitud de aumento presupuestal fue el único tema de la reunión sostenida este lunes con integrantes del Consejo de la judicatura, encabezados por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de México, Sergio Medina Peñaloza.

El principal criterio del Tribunal para respaldar su solicitud, se basa en la disposición constitucional de que su presupuesto no puede ese menor al 2 por ciento del total. “Es un argumento que debemos definir si se refiere al 2 por ciento del presupuesto total o del presupuesto de recursos propios del estado, pues el 80 por ciento de los recursos provienen de la federación y ya están etiquetados”.

Medina Peñaloza justificó una mayor carga de trabajo derivada de la atracción de facultades para resolver juicios laborales y la apertura de cinco juzgados en la zonas con mayor carga laborar, por lo que será necesaria la contratación de personal, capacitación, generar gasto corriente que tiene que ver con los emolumentos y la operación permanente.

Otro de los argumentos se basa en la necesidad de más jueces, pues en la entidad hay 2.5 por cada cien mil habitantes, mientras la media nacional es de 4.5; el además coordinador reconoció que los diputados están conscientes de las nuevas responsabilidades que implica la reforma laboral, sin embargo también consideró que debe revisarse si se justifica la petición, sobre todo en lo relacionado con el capítulo mil o la posibilidad de que se incrementen los salarios.

Dijo que antes de determinar si se accede a la petición que implica más de mil millones de pesos extra a lo propuesto, se revisará a dónde se orientará el recurso pues no apoyarán aumentos salariales de la alta burocracia. “Necesitamos ir al fondo conociendo los programas, los capítulos y pilares del presupuesto, saber concretamente a donde se está orientado el recurso que se está solicitando”.

Por otro lado, el Poder Judicial del Estado de México le madrugó a la Legislatura local y emitió la convocatoria para elegir presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJEM) antes de que los diputados avalen la propuesta de Morena para que la designación se realice solo a través del voto secreto de los magistrados.

La convocatoria promulgada este martes en el periódico oficial gaceta de gobierno prevé que la elección del nuevo titular del Poder Judicial estatal se realice en sesión extraordinaria el 7 de enero de 2020, mediante el voto abierto o secreto de los magistrados que integran el pleno.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia refiere el documento, “será electo por mayoría de votos en forma abierta o secreta por los magistrados que integran el poder judicial, según lo determine el pleno del propio Tribunal en la primer sesión que se celebre durante el mes de enero del año que corresponde”.

Apenas el pasado jueves, el Grupo Parlamentario de Morena presentó una iniciativa para reformar el artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de México con la finalidad de que el presidente de este Tribunal sea electo en forma secreta y no abierta

El voto abierto implica que todos los demás magistrados del pleno escuchen la forma y términos del voto emitido por cada uno de sus compañeros, mientras que el secreto se traduce en que cada uno deposita su voto en la urna correspondiente, como en las elecciones, sin que se revele el sentido del sufragio de cada uno sino solo los resultados.

La morenista Mónica Álvarez, promotora de la modificación que no ha sido avalada, consideró que el voto abierto fomenta la marginación de los magistrados que aspiran a la presidencia si votan por sí mismos o por un candidato distinto al oficial o quien sustenta el cargo.

Además, indicó que el voto secreto es un elemento esencial de la integridad porque brinda a los votantes la dependencia de elegir según su voluntad.

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