jueves, marzo 28, 2024

El Estado de México es la segunda entidad con mayor incidencia de violencia familiar: Javier González

Debido que el Estado de México es la segunda entidad federativa de país con mayor incidencia de violencia familiar, el Congreso mexiquense solicitó al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) activar los centros de Prevención, Atención y Tratamiento de la Violencia Familiar, espacios concebidos para proporcionar los servicios que requieran tanto el receptor como el generador de violencia, a fin de reorganizar su conducta, su vida en la sociedad y en la familia.

Conforme al punto de acuerdo presentado por el diputado Javier González Zepeda, en nombre del grupo parlamentario del PAN, la actual situación de violencia familiar obliga a implementar políticas públicas que amplíen la cultura de la denuncia, sin dejar de lado las acciones para forjar los valores y principios que permitan elevar el bienestar común.

El diputado Javier González explicó que el DIFEM argumenta que en 2017 dichos centros de prevención fueron remplazados por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, sin embargo, consideró que además de ser distintos en su naturaleza y creación, se deben de precisar las diferencias entre una procuraduría y un centro que atiende a los integrantes de la familia sin victimizar y sin distinguir edad y sexo.

El legislador detalló que durante el tercer trimestre de 2020 la tasa de violencia familiar en la entidad fue 27.12 carpetas de Investigación por cada 100 mil habitantes, la que aumentó 88.5% respecto al tercer trimestre de 2019. Además, la violencia familiar reportada aumentó en 95 de los 125 municipios respecto al mismo periodo de 2019.

Proponen ampliar servicios de salud pública para la prevención del suicidio.

Al compartir que en 2016 el Estado de México fue la segunda entidad a nivel nacional con mayor incidencia de suicidios, con seis mil 323 casos, la diputada Brenda Escamilla Sámano, en nombre de la bancada del PAN, planteó fortalecer los servicios de salud que presta el Estado para incluir el control del suicidio y la asistencia por lesiones autoinflingidas para perder la vida.

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