viernes, enero 27, 2023
“Plan B” afecta gravemente el voto ciudadano: Lorenzo Córdova

Alerta INE sobre inconstitucionalidades y consecuencias indeseables de la reforma en las elecciones.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) conoció el Informe sobre la incidencia en la función electoral de los decretos de reforma que modifican las leyes generales de Comunicación Social, de Responsabilidades Administrativas, que fueron publicadas el 27 de diciembre de 2022, así como de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, cuyo proceso legislativo continuará a partir del 1 de febrero, y que son conocidas por la opinión pública como “Plan B”.

El documento analiza y explica las implicaciones que tendrían estas reformas en la celebración de elecciones libres y auténticas, como lo mandata la Constitución, y las afectaciones en materia de autonomía del Instituto Nacional Electoral, la estructura territorial de los órganos ejecutivos del INE en los 300 distritos electorales y en las 32 entidades federativas, los procedimientos de capacitación y organización electoral, los avances para combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género y las acciones afirmativas para potenciar la representación política de núcleos de la población tradicionalmente desfavorecidos.

Además se señalan consecuencias en materia de fiscalización de los ingresos y gastos de los actores políticos, el cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos, la protección de los datos personales de la ciudadanía, los derechos laborales de quienes integran el Servicio Profesional Electoral Nacional y la Rama Administrativa de los Organismos Públicos Locales, así como el respeto al pacto federal y la libre configuración legislativa de las entidades federativas que se ven afectados en diversa graduación por las reformas electorales.

El Informe tiene como objetivo poner a disposición de la ciudadanía la opinión especializada del órgano del Estado mexicano encargado, junto con los Organismos Públicos Locales, de organizar los comicios para la renovación de las instancias públicas mediante el sufragio, sobre los riesgos que podrían ocasionarse con algunas de las reformas y, especialmente, para el ejercicio, garantía y defensa de derechos político-electorales fundamentales de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que si el proceso legislativo de la reforma legal se culmina y se publican los cambios legales, “lo que tendremos delante de nosotros es la primera reforma regresiva de nuestra democracia y estaremos en la antesala de una inédita incertidumbre preelectoral y postelectoral en la que será, en 2024, la elección más grande de nuestra historia”.

“La reforma afecta gravemente las posibilidades del ejercicio del voto ciudadano en condiciones de libertad y equidad, con regularidad y certeza. Es decir, impacta en la recreación misma de nuestra democracia, tal como se ha construido, colectivamente, a lo largo de tres décadas por varias generaciones de mexicanas y mexicanos”, indicó Córdova Vianello.

En este sentido, el Consejero Presidente apeló a la responsabilidad con la República y con la estabilidad política del país de quienes tendrán que resolver sobre la constitucionalidad y legalidad de las reformas del “Plan B”. “Que detengan este auténtico desmantelamiento de nuestra democracia”.

El INE, recalcó, acudirá a todas las instancias legales “para defender la democracia, garantizar el derecho de toda la ciudadanía, incluidas minorías y también, por supuesto, mayorías a participar en el futuro del país y el derecho de cada ciudadana y ciudadano a ejercer el voto libre y que éste sea bien contado y cuente para la conformación democrática del poder político en México”.

Reforma implica retroceso en materia de igualdad de género y no discriminación

En su intervención, la Consejera Norma De la Cruz advirtió dos afectaciones en materia de igualdad de género y no discriminación: la disminución de 50 a 25 fórmulas de candidaturas que incluyen personas indígenas, migrantes, residentes en el extranjero, con discapacidad, afromexicanas y de la diversidad sexual, así como la reestructura orgánica del Instituto contemplada, que implicaría no contar con una Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, “al proponer que sus funciones sean absorbidas por una nueva dirección ejecutiva de partidos políticos”.

Como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, enfatizó que, de ser aprobada en sus términos, ésta sería una medida regresiva, pues la existencia de una unidad técnica especializada sirve para garantizar “la transversalidad de la perspectiva de género en todas y cada una de las decisiones, acuerdos, lineamientos, reglamentos, resoluciones, procedimientos y acciones que implementa esta autoridad administrativa”.

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