Mujeres no abandonarán explanada de la LX Legislatura del Edoméx hasta que se legalice el aborto.

Redacción: Gabriela Landetta

A pesar de que constantemente son agredidas, tanto por civiles como por personal de la Cámara de Diputados, las integrantes de la colectiva Indómitas Feministas Radicales no abandonarán el plantón que mantienen desde el pasado 8 de marzo afuera de la Legislatura mexiquense, hasta que se apruebe la ley de despenalización del aborto.

Mala, una de las integrantes de esa organización, afirmó a COMUNICADORESMX, que el aborto es un problema de salud pública y un derecho humano de las mujeres. Destacó que hace unos meses la ONU ya reconoció que este asunto forma parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, por lo que el Estado mexicano incurre en inconstitucionalidad al no permitirle a las mujeres ejercer este derecho humano, cuando en la Constitución se garantizan.

Con la intención de llegar a un acuerdo con ellas para que levanten el plantón, en donde también organizaron una “mercadita” a fin de vender algunos productos, la secretaria de la Mujer, Isabel Sánchez, organizó un encuentro con las manifestantes y diputadas locales.

Aunque la primera reunión prevista para el mismo lunes no se llevó a cabo, después sí se logró el diálogo entre ambas partes, en donde las legisladoras, entre ellas Mónica Álvarez Nemer les plantearon las iniciativas que tanto Morena como PRD han presentado en materia de despenalización del aborto.                

Sin embargo, para las integrantes de Indómitas Feministas Radicales, las diputadas solo buscan “colgarse” la medalla de un derecho por el que los colectivos feministas llevan luchando desde hace varias décadas, por lo que se mostraron indignadas e insistentes en que mantendrán su movimiento en la Plaza Cívica de Toluca.

Además de su exigencia en torno a la legalización del aborto, que en el Estado de México tiene una penalización máxima de tres años, las inconformes también se manifiestan en contra de la Ley de Identidad de Género que ya fue aprobada en comisiones legislativas el año pasado. Argumentan que el cambio de documentos para las personas transgénero podría ser utilizado por agresores de mujeres para cambiar de identidad después de cometer algún delito.