Los recursos con los que cuenta apenas alcanzarán para sostener sus servicios y pensiones durante 2020.

La Cámara de Diputados analiza para la nueva Ley ISSEMyM, alternativas como el aumento de cuotas, de la edad de jubilación, sanciones penales para las dependencias derechohabientes que no enteren cuotas y aportaciones en tiempo y forma y el engrosamiento de las contrataciones, pues al implementarse solo una de éstas medidas, la solvencia del Instituto sería apenas de tres años, anticipó Maurilio Hernández.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) dijo que los diputados tienen como plazo este año para construir y aprobar la nueva norma que rija al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, ya que los recursos con los que cuenta apenas alcanzarán para sostener sus servicios y pensiones durante 2020.

Tras una reunión con la directora del Instituto, Bertha Alicia Casado, y con actuarios y especialistas a nivel internacional, el morenista reiteró que la propuesta de la autoridad estatal es el incremento de cuotas en 10 puntos (3.5% solventado por trabajadores, y 6.5 por empleadores).

No obstante, alertó que una medida de ese tipo apenas sería un paliativo que a lo mucho alcanzaría para operar 2 o 3 años, de tal manera que no es una solución de fondo.

Lo que se requiere “es una reforma estructural que puede resultar costosa, pero es la única manera de salvar a un organismo que opera bajo el principio de mutualidad o ayuda mutua; por eso, dijo, se requieren las cuotas de los trabajadores, y si no las hubiera se corre el riesgo del quebranto financiero”.

Actualmente, prosiguió, un trabajador aporta en cuotas de millón y medio a millón 800 mil pesos en 30 años de trabajo, pero se requieren para atender su pensión 4.5 millones de pesos; es decir, es necesario 200% más de lo que aportó para sostener su pensión.

Por otra parte, explicó que cada vez hay más pensionarios y se contratan menos trabajadores. En la actualidad hay más de 60 mil pensionados y en los próximos 5 años se pensionarán 58 mil servidores públicos más para sumar 120 mil que todavía tendrán una esperanza de vida promedio de 18 años.

De igual manera, dijo, deben evitarse los malos manejos administrativos que se han dado, empezando por quienes tienen la obligación de enterar el recurso que descuentan a los trabajadores (las autoridades) . El caso más emblemático de esta anomalía, recordó, es el de la UAEMex, a tal grado que fue necesario un convenio para pagar en un periodo que no debió rebasar los siete años.

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