viernes, marzo 29, 2024

La participación ciudadana debe transitar de enunciativa a obligatoria y vinculante dentro de la Constitución del Edoméx.

Durante el inicio de los trabajos de la Comisión de Desarrollo Económico del Secretariado Ejecutivo para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México (SECTEC), Laura González Hernández, Presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEM) propuso transitar de una participación ciudadana enunciativa a una participativa activa dentro de la Constitución mexiquense.

Para ello, la líder empresarial planteó establecer como obligación hacia los Ayuntamientos y el Estado la instalación de Consejos Consultivos Ciudadanos en sus áreas de Obras Públicas, Desarrollo Económico, Agua y Saneamiento, Desarrollo Urbano, Movilidad, Administración, Tesorería – Finanzas, Seguridad, y Mejora Regulatoria con carácter vinculante.

Asimismo, presentó una iniciativa para que los poderes Legislativo y Judicial, establezcan, de forma permanente, la figura de Observatorio Ciudadano como órgano de consulta obligada. La Presidenta del CCEM también propuso la obligatoriedad y carácter vinculante de las contralorías sociales para que puedan generar reportes ciudadanos, denuncias y sugerencias cuando se identifique la existencia de presuntas irregularidades, lo cual representa un esquema de vigilancia del desempeño de los servidores públicos de forma indirecta, en relación con la prestación, ejecución u operación de las acciones o servicios municipales y estatales.

De igual forma, la también Vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Económico del SECTEC, sostuvo que es necesario establecer, de forma obligatoria un Plan Municipal de Desarrollo Económico o su equivalente delineado en conjunto con agrupaciones empresariales a través de foros y mesas de trabajo, donde se promueva la apertura rápida de empresas, otorgamiento de licencias de funcionamiento y agilización de trámites de protección civil, medio ambiente y desarrollo urbano, mientras que para el caso estatal, propuso un esquema de evaluación anual del eje económico a través del Consejo Consultivo en la materia.

González Hernández manifestó la necesidad de implementar de manera obligatoria, para los servidores públicos estatales y municipales dedicados a todas las áreas de atención al público que pudieran propiciar actos de corrupción, desde su contratación, exámenes de control y confianza que deriven en una Certificación, sobre todo para quienes pretendan desarrollar actividades de trámites y servicios, verificaciones, inspecciones, así como para quienes manejen recursos y fondos; tales como tesorerías y áreas de compras, sancionando con inhabilitación directa la participación probada de un acto de corrupción.

Finalmente, puso sobre la mesa la implementación de un seguro de desempleo que sea factible y útil, con reglas claras y ágiles para utilizarse por los mexiquenses que pierdan su fuente laboral por condiciones ajenas a ellos como desastres naturales, crisis económica, pandemias o cualquier fenómeno que provoque el cierre total o parcial de la unidad económica donde presta sus servicios y establecer como un derecho ciudadano el contar con accesos e infraestructura digna a los lugares donde se generan las fuentes de empleo.

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