En lo que va del año, 992 niñas, niños y adolescentes han sido atendidas y atendidos en hospitales del país por violencia sexual. La impunidad del 97% en los delitos contra la niñez está directamente vinculada a fallas iniciales en la investigación del Ministerio Público.
Por Juan Martín Pérez García
Director Ejecutivo de REDIM
La denuncia realizada por el adolescente de 15 años de edad por el delito de abuso sexual cometido por el diputado federal del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Benjamín Saúl Huerta Corona, amerita una investigación imparcial e inmediata; teniendo como prioridad el interés superior de la niñez sobre cualquier otra valoración política y electoral, de partido o de grupos en el poder.
Se ha reportado en medios de comunicación que el diputado Benjamín Saúl Huerta Corona fue detenido por las autoridades de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la mañana del miércoles 21 de abril, por denuncias de abuso sexual en contra de un adolescente quien solicitó auxilio al personal de un hotel, ubicado en la colonia Juárez en la delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, para denunciar al diputado del Estado de Puebla, quien lo trasladó a la Ciudad, bajo el ofrecimiento de contratarlo como asistente.
Reconocemos la fuerza y valentía del adolescente para realizar el mismo la denuncia ante las condiciones adversas y de vulnerabilidad que lo sometió el presunto responsable. El patrón de abuso sexual está presente en la denuncia: una persona adulta con poder, ofrecimiento de ayuda económica, sacarlo de su comunidad y redes sociales de apoyo, posible uso de sustancias tóxicas y el aislamiento en un lugar bajo control del agresor.
Hay que recordar que una persona mayor de edad, no puede hospedarse en un hotel con una persona menor de edad con el que no tiene vínculo consanguíneo, o de tutela. Y las relaciones sexuales con menores de edad son un delito, en el que no cabe ningún tipo de responsabilidad en las víctimas.
Las víctimas de violencia sexual necesitan que se les crea. Un niño, niña o persona adolescente tienen el derecho de ser escuchadas, de acuerdo con lo establecido en los estándares internacionales. La impunidad del 97% en los delitos contra la niñez está directamente vinculada a fallas iniciales en la investigación del Ministerio Público y a la cultura machista que criminaliza a las víctimas, al tiempo que justifica a los agresores sexuales.
Como evidencia se pueden observar las cifras que desde el 1 de enero al 11 de abril de 2021 muestran a 992 niñas, niños y adolescentes, atendidas y atendidos en hospitales del país por violencia sexual. Del número, 93.4% de los casos correspondía a mujeres.
Asimismo, vale destacar que, del 1 de enero al 11 de abril de 2021, se han registrado 333 personas en edades entre 0 a 17 años, en hospitales del país por situaciones de violencia sexual cometidas por parte de un conocido sin parentesco o un desconocido; esto corresponde al 33.6% del total de las víctimas de violencia sexual de entre 0 y 17 años.
Mientras que, en el caso de hombres y mujeres adolescentes, entre 15 a 17 años se han reportado, 390 hombres y mujeres adolescentes en hospitales del país también por violencia sexual desde el 1 de enero al 11 de abril de 2021; esto correspondía al 39.3% de las víctimas de violencia sexual entre 0 y 17 años. A ellos se suman, 134 adolescentes de 15 a 17 años, quienes, del 1 de enero al 11 de abril de 2021, han sido atendidos en hospitales del país por violencia sexual perpetrado por parte de un conocido sin parentesco o un desconocido; esto corresponde al 34.3% del total de las víctimas de violencia sexual entre 15 y 17 años. Así lo revelan cifras de la Secretaría de Salud, Registros de Lesiones y Causas de Violencia hasta el 11 de abril de 2021.
Por ello que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México está obligada a escuchar con prioridad y a creer plena y fehacientemente en el testimonio de la víctima menor de 15 años, porque la carga de la prueba no tiene que estar en las víctimas sino en el o los presuntos responsables de la agresión.
Rechazamos enérgicamente que el fuero constitucional que se le otorga a los representantes populares se pretenda usar para evadir su responsabilidad ante éste grave delito. Es inexplicable la liberación del diputado Benjamín Saúl Huerta Corona bajo el argumento de que no se encontraron evidencias periciales, tal como se ha afirmado, lo cual es claramente violatorio al sentido común y en particular a los derechos de la víctima.
Las grabaciones que han circulado en medios de comunicación, donde se escucha la voz del diputado ofreciendo dinero a la madre de la víctima y en la que ruega que no sea exhibido públicamente, no puede ser evidencia, pero si un indicio de la presunta responsabilidad del perpetrador.
Desde REDIM, Red por los Derecho de la infancia en México, exigimos una investigación imparcial, eficaz y con coadyuvancia de expertas en el tema. De igual forma, solicitamos urgentemente las medidas legales precautorias para evitar la fuga del diputado federal Benjamín Saúl Huerta Corona, hasta que se avance en las investigaciones.
Desde REDIM nos manifestamos en disposición de coadyuvante de este proceso y quedamos a disposición de la fiscal. Recordamos que somos una entidad jurídica con interés legítimo en los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
Llamamos también a la fiscal Ernestina Godoy, de quien es conocido su compromiso con los derechos de la infancia, para que pueda crear un grupo de apoyo de personas expertas que acompañen la investigación de la fiscalía y de sus funcionarios, con el fin de evitar cualquier acto de corrupción o beneficio a favor del diputado.
@juanmartinmx
