El trato es desigual con entidades públicas que le deben millones al ISSEMyM de acuerdo a la propuesta del Ejecutivo estatal.

De acuerdo a la propuesta de reforma al Código Financiero planteada por el gobierno del Estado de México a la Legislatura local, aún en análisis para su probable modificación y aprobación, aquellos contribuyentes que no cumplan con sus obligaciones tributarias, podrían enfrentar una condena de entre uno y cinco años de prisión, así como una multa de 60 a 200 días.

La propuesta, integrada en el proyecto de Paquete Fiscal 2020, adiciona un párrafo al artículo 20 bis que establece: “En caso de incumplimiento a dos requerimientos respecto de la misma obligación, los hechos se deberán hacer del conocimiento de la autoridad competente, para que se proceda por desobediencia a mandato legítimo de autoridad competente en los términos de la legislación aplicable”.

De acuerdo a la explicación del Ejecutivo mexiquense en la exposición de motivos, esta tipificación se traduce en el delito denominado “Desobediencia”, señalado en el Código Penal del Estado de México, en el que se incluyen los delitos contra la administración pública.

El artículo 117 del Código Penal estatal establece que: “Comete el delito de desobediencia el que sin causa legítima rehusare prestar un servicio de interés público a que la ley lo obligue. Al responsable de este delito se le impondrán de uno a cinco años de prisión y de 60 a 200 días multa”.

Una parte sustancial de la política económica de un gobierno, prosigue el texto, es la política fiscal, por lo que “resulta necesario replantear y mejorar las estrategias y esquemas de tributación y recaudación estatales y municipales, considerando que las necesidades sociales y, consecuentemente, los requerimientos presupuestales en cada ejercicio fiscal van en aumento, lo que vuelve relevante tomar medidas para facilitar a la población el pago de sus contribuciones y poner en marcha mecanismos que promuevan la actitud solidaria del contribuyente hacia las obras y acciones de gobierno, orientadas al beneficio de todos los sectores de la población”.

No obstante, el trato es desigual con entidades públicas que le deben millones al Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), toda vez que el artículo 32 del Código Financiero de la entidad no proyecta sanciones, y apenas establece: “Las cuotas y aportaciones que deban enterarse al ISSEMyM en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, y que hayan sido omitidas, así como sus accesorios, deberán cubrirse, en un plazo que no exceda de veinticuatro meses tratándose del pago en parcialidades, ni de doce meses en caso de pago diferido, y en ningún caso podrá rebasar el término del periodo constitucional correspondiente”.

El informe de la Cuenta Pública 2018 elaborado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) revela que, hasta el 31 de diciembre de ese año, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) debía al ISSEMyM más de mil 329 millones de pesos en cuotas y aportaciones; la Jefatura de Policía Industrial del Estado de México y Cuerpos de Guardias de Seguridad Industrial Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán Texcoco (de los CUSAEM) adeudaban 711.4 millones.

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