Las principales problemáticas relacionadas con la política de privatización de las cárceles mexicanas son la opacidad en los contratos entre iniciativa privada y Estado.

Por Lucía Alvarado*

Encarcelar a personas se ha convertido en la medida predilecta de las autoridades encargadas de la procuración de justicia en nuestro país. Existe un interés especial por incrementar la población penitenciaria en lugar de apostar en la aplicación de medidas cautelares que contribuyan a la reintegración social.

Este empeño por incrementar la población de las cárceles se ve directamente relacionado con la reciente intención legislativa de aumentar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y endurecer las penas desproporcionadamente. La razón es que el negocio de las prisiones privatizadas en México se ha vuelto una inversión muy lucrativa.

En el 2010, bajo el gobierno de Felipe Calderón se anunciaron las construcciones de cárceles bajo un esquema de Asociación Público-Privada (APP) como una solución efectiva ante la problemática de hacinamiento, corrupción y autogobierno imperante en el sistema penitenciario del país. Después de diez años podemos ver que no funcionó como la panacea que planteaban.

Las principales problemáticas relacionadas con la política de privatización de las cárceles mexicanas son la opacidad en los contratos entre iniciativa privada y Estado; las condiciones en las que operan este tipo de centros y su ubicación geográficamente aislada y de difícil acceso.

Constructoras y gobierno federal firman contratos hasta por 20 años de duración que no son de carácter público puesto que son otorgados vía adjudicación directa sin licitación y cuentan con un blindaje especial como un tema de seguridad nacional. Documenta, como organización de la sociedad civil y protectora de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad ha solicitado acceso a información sobre los sistemas de pago pero la respuesta ha sido nula.

Por otra parte la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha dicho que en estas cárceles de esquema privatizado ocurren el mismo número de deficiencias que en las cárceles públicas. Además, descubrió que la estancia de una persona en una prisión privatizada cuesta tres veces más (1500 pesos) que la de una persona en una cárcel pública (350 pesos).

Actualmente en México están en pleno funcionamiento diez cárceles privatizadas en Sonora, Durango, Guanajuato, Chiapas, Coahuila, Morelos, Oaxaca y Ciudad de México que autoridades administrativas y empresarios decidieron construir en ubicaciones geográficamente aisladas obedeciendo a intereses mercantiles y no a los del bien común establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Estos centros forman parte de un abuso sistemático ya que al estar ubicados tan lejos impiden el acceso de la ley: al estar construidos en medio del desierto se convierten en centros sustraídos de toda interacción o seguimiento de los procesos judiciales de las personas privadas de la libertad, e irremediablemente alejadas de sus familias.

En estos últimos meses se han registrado traslados masivos por el cierre inminente de prisiones públicas federales, por ejemplo la reciente clausura del complejo penitenciario de Puente Grande, en Jalisco. De estos cierres se desprende que las personas privadas de la libertad sean trasladadas a las prisiones privatizadas para ocuparlas en su totalidad.

Con ello sólo se logrará la vulneración sistemática de los derechos de las personas que están bajo la responsabilidad del Estado, porque los enviarán lejos y estarán en aislamiento prolongado ya que suele emplearse como medida de gestión, no tendrán una atención médica adecuada y con alimentación en raciones raquíticas para eficientar costos de operación para conveniencia de los empresarios que le apostaron al gran negocio de la privatización carcelaria.

Los poderes judiciales deberían estar al tanto de las dinámicas de operación dentro de los centros privatizados pendientes de que no se vulneren los derechos de las personas privadas de la libertad en lugar de pensar en cómo llenar los espacios vacíos.

*Coordinadora del Centro Integral de Atención a Familiares con personas Privadas de la Libertad, CAIFAM