La Legislatura del Estado de México es la única que cuenta con una Comisión Especial del Sistema Penitenciario.

La obligación como legisladores de cualquiera de las entidades federativas, debe ser velar por los intereses de todas las personas recluidas, que sean tratadas dignamente, que se cuente con personal capacitado, que existan verdaderos programas de reinserción y readaptación social, y sobre todo atender los casos de, quienes siendo inocentes les fueron creadas carpetas, y que su familia por no contar con recursos económicos se encuentran privados de su libertad, afirmó el Presidente de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario, Mario Ariel Juárez Rodríguez.

El diputado presentó el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y a los Congresos locales de las 31 entidades federativas a crear una Comisión del Sistema Penitenciario, para generar una red e incidir en las políticas penitenciarias, toda vez que ha recibido llamadas de diversas entidades. A la vez que enfatizó que la Legislatura del Estado de México es la única que cuenta con esta Comisión, cuya creación fue con el fin de atender los temas de derechos humanos bajo los cuales son tratadas las Personas Privadas de la Libertad (PPL) y las condiciones en que operan los Centros Penitenciarios, así como la rendición de cuentas de los gobiernos.

Reiteró que se debe detener las extorsiones que enfrentan los familiares en cada visita, como se ha denunciado, a la vez que señaló que los protocolos de atención y trato a las PPL no se aplican, además los secuestros, extorsiones, se hacen desde el interior de los penales y se hace con total complicidad de los titulares de los centros de Readaptación Social. “Debemos generar los espacios de interlocución, ante los oídos sordos de las autoridades y sus arbitrariedades. Con los familiares, madres, esposas, hermanas, para procurar demostrar la inocencia”.

En tribuna, explicó que ha recibido llamadas del interior de la república, por las condiciones infrahumanas, y los familiares de las personas PPL, denuncian la fabricación de carpetas y montajes, por las Fiscalías, por ello, aseguró se debe atender a los familiares por las denuncias y quejas, porque las cárceles terminan siendo verdaderas universidades de la delincuencia.

En la entidad, aseguró el diputado Ariel Juárez que la Comisión Especial que preside, seguirá insistiendo en una rendición de cuentas clara de parte del Ejecutivo Estatal, para transparentar los recursos públicos destinados, revisar y analizar los protocolos bajo los cuales se conducen los custodios, a fin de garantizar que las condiciones con que son tratadas las PPL sean bajo el respeto a sus derechos humanos.

Pese a que la impartición de justicia ha quedado rebasada ante los aumentos de los índices delictivos, señaló que en el país solo hay 287 Centros Penitenciarios, de los cuales 14 pertenecen al Gobierno Federal y el resto se distribuye en las demás entidades federativas, en estos centros hay un total de 223 mil 385 Personas Privadas de la Libertad (PPL), el 94% son hombres y el 6% mujeres.

Señaló que, el hacinamiento, la falta de custodios, la nula capacitación y certificación en materia de derechos humanos en los centros penitenciarios, generan violencia, por ello, afirmó Juárez Rodríguez, las autoridades de los centros penitenciarios deben capacitarse para inhibir la extorsión al interior de los penales, de acuerdo al diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria.

Refirió que en el Estado de México, las personas privadas de su libertad en los Centros Penitenciarios sufren de múltiples necesidades básicas, de acuerdo a diversas fuentes y encuestas aplicadas: un 26% de la población total de los centros sufre desabasto de agua; 63% considera que los alimentos que les proporcionan son insuficientes; 27% señala que no recibe atención médica cuando la requiere; solo 23% dijo que la institución le proporciona los medicamentos que necesita; un tercio de los presos opina que el trato que reciben sus familiares cuando los visitan es malo; 72% dijo que se siente menos seguro en la prisión que en el lugar en donde vivía antes; y 57% dijo desconocer el reglamento del centro penitenciario donde está recluido.

Tras lo expuesto, dijo, los Congresos son un contrapeso a las acciones y actuar de los gobiernos, y en su organización interior se crean comisiones legislativas que ayudan a que éstos realicen sus funciones, es por eso que ante las arbitrariedades que en administraciones pasadas se han presentado y que ha generado que se creen carpetas de investigación para culpar a inocentes e incluso aplicar medidas precautorias que mantienen encerradas a las personas y en muchos casos sin juicios concluidos o sin contar con sentencias definitivas, hay personas que permanecen años encerradas.

Por eso, subrayó, invertir en mejorar las instituciones de procuración y administración de justicia permitiría elevar los niveles de confianza de los ciudadanos. No se trata de invertir más recursos, sino de modificar mecanismos, crear incentivos para las buenas prácticas y diseñar procesos inteligentes como la capacitación para una correcta reinserción y readaptación social, los cuales deben ser ejes fundamentales para evitar que aquellas personas que han cumplido con su estancia en los centros penitenciarios, tenga la oportunidad de ocuparse en un empleo lícito que lo aleje de la situación delictiva y no exista reincidencia.