Integrar a un diputado como representante del Poder Legislativo ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.

Integrar a un diputado como representante del Poder Legislativo ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, es el propósito de la iniciativa presentada por el diputado Luis Antonio Guadarrama Sánchez (PT) y Emiliano Aguirre Cruz (morena), presidente y secretario de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la 60 Legislatura.

Al dar lectura a la propuesta, en sesión del Segundo Periodo Ordinario, Luis Antonio Guadarrama consideró impostergable instrumentar acciones para garantizar la imparcialidad y fortaleza del Tribunal, pues nunca se habría alcanzado la gravedad que implican los más de cinco mil laudos laborales, de un universo mayor a veinte mil juicios, por un valor de más de cinco mil millones de pesos.

Puntualizó que la fragilidad del Tribunal para hacer valer la ley tiene su origen en la falta de independencia y control interno derivado de que su presidente es elegido a propuesta del gobernador y a él obedece.

Por ello, la reforma al artículo 186 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios sugiere que la representación del Poder Legislativo para integrar el Tribunal corresponda a la diputada o diputado presidente de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social como propietario, y como suplente al secretario, quienes al haber sido electos democráticamente, representan el interés popular y, sobre todo, la obligación de garantizar el cumplimiento de la ley.

PROPONEN DIPUTADOS DEL PT FORTALECER EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

A pesar de los recursos públicos destinados al Sistema Anticorrupción los resultados contra la corrupción en el Estado de México son prácticamente inexistentes, afirmó el diputado Sergio García Sosa (PT), al presentar una iniciativa para fortalecer las acciones del Comité Coordinador, del Comité de Participación Ciudadana y del sistema en su conjunto.

La iniciativa tiene, entre otros propósitos, facultar al Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción a establecer acciones obligatorias de combate a la corrupción para todos los entes públicos, emitir recomendaciones públicas vinculantes a los entes públicos respectivos y solicitar la comparecencia ante el Comité de titulares de entes públicos, cuando sea necesaria, para la aclaración de actos o hechos relacionados con la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción.

Asimismo, facultarlo para que emita una opinión técnica sobre los perfiles de los aspirantes a Auditor del Estado, titular de la Fiscalía General del Estado, Fiscal Especializado en el combate a la corrupción y los titulares de los órganos de control interno en los organismos constitucionales autónomos.