domingo, marzo 7, 2021
PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y SUS IMPLICACIONES

De acuerdo con la perspectiva del Consejo Coordinador Empresarial la iniciativa presentada con carácter de preferente generaría un aumento del precio de todos los productos y servicios que consumen los mexicanos.

Por Claudio Jaime

Durante la primer semana de febrero de este año el Consejo Coordinador Empresarial publicó en su sitio web su posición respecto a la propuesta de Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica emitida por el Ejecutivo y enviada al Congreso de Unión para su discusión y aprobación.

En dicho pronunciamiento el órgano empresaria señala que la Reforma propuesta dañaría irremediablemente la certeza jurídica, regulatoria y de contratación en el país, generando impactos ambientales y económicos graves.

Asimismo, destacó que en su opinión dicha reforma es inconstitucional e incumple con tratados y compromisos internacionales, siendo contraria a los objetivos que el mismo gobierno se ha planteado. De ser aprobada, se traducirá en un aumento del precio de todos los productos y servicios que consumen los mexicanos, y en un mayor costo fiscal por la necesidad de subsidiar a la Comisión Federal de Electricidad.

El comunicado precisa que la iniciativa intenta impedir, arbitrariamente, la competencia en el sector eléctrico nacional, violando los derechos básicos de la libre concurrencia y la certeza jurídica.

El Consejo Coordinador empresarial enfatizó que desde su óptica es inexplicable la presentación de esta iniciativa, sin diálogo previo con los sectores afectados, pues abre un nuevo frente contra la inversión en medio de la crisis provocada por la pandemia. Además de romper la promesa del presidente López Obrador de no reformar el marco jurídico del sector energético durante los primeros tres años de su administración.

Las implicaciones señaladas por el CCE en relación con la reforma en cuestión serian entre otras:

  • Abrir las puertas a una expropiación indirecta de las plantas privadas al cambiar el marco legal para generar un monopolio de la CFE en el despacho de electricidad. Además del potencial para violar lo establecido en la Constitución.
  • Atentar contra los compromisos adquiridos bajo tratados internacionales, tanto en acuerdos comerciales como en protección de inversiones y del medio ambiente, como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 impulsada por la ONU y el Acuerdo de París. Esto generará que las empresas afectadas inicien procesos de paneles, arbitrajes internacionales y denuncias ante diversos tratados.
  • Violar la no retroactividad de la ley, dado que ninguna norma puede ser ejecutada de forma retroactiva en perjuicio de un particular. Esto tendrá un alto impacto en inversiones ya realizadas por empresas nacionales y extranjeras, por lo que implicará indemnizaciones del Estado a dichas empresas.
  • Contravenir las garantías de certeza jurídica, de debido proceso y de contratación pública. Este acto de autoridad modificaría, de manera unilateral, los derechos de los particulares para cancelar permisos, renegociar o terminar anticipadamente contratos públicos. Va en contra de lo resuelto por el propio poder judicial federal, ya que retoma las prioridades del pliego petitorio que la CFE presentó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en 2019, y que han sido suspendidas definitivamente por el poder judicial mexicano, al considerar que podrían violar derechos constitucionales de forma irreversible.

El CCE y los organismos que lo integran por medio de su comunicado, exhortan al poder legislativo a una reflexión profunda y a rechazar esta iniciativa, que afectaría a México, aumentando los precios de productos y servicios, y provocando una mayor caída en la inversión nacional y extranjera justo en el momento que el país requiere mantener y generar empleos para la recuperación económica.

Y no lo olvide, no gaste más de lo que gana.

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