En el proyecto de Ley se incluye también a los defensores de los derechos humanos. La diputada Azucena Cisneros Coss presentó al Pleno de la 60 Legislatura, en nombre del Grupo Parlamentario de morena, un proyecto de Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas del Estado De México, debido a que, sostuvo, “tanto quienes defienden los derechos humanos como quienes ejercen el periodismo enfrentan agresiones que van desde el hostigamiento, hasta la desaparición forzada o el asesinato”

De acuerdo con el documento, ese mecanismo será un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de México, encargado de proteger, promover y garantizar la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como de fomentar las políticas públicas, capacitación y coordinación en la materia, para prevenir acciones que vulneren dichos derechos.

En México, dijo, “el principal obstáculo para el ejercicio de la libertad de expresión son los actos de violencia e intimidación que sufren los periodistas y trabajadores de los medios, así que en muchas ocasiones la autocensura se convierte en la alternativa para que salvaguarden no sólo su integridad personal, sino también su vida”

Enumeró el tipo de agresiones de las que son objeto unos y otros: asesinatos, desapariciones forzadas, amenazas, robo, campañas de desprestigio, secuestros, acoso, intimidación, arrestos ilegales, detenciones, espionaje, vigilancia, represión y ataques cibernéticos, entre otras.

La diputada refirió que, en 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró en el país 285 ataques contra defensores, en tanto que ese mismo año fueron asesinados 11 periodistas. En el caso de las mujeres las agresiones se agravan: la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México reportó que entre 2010 y 2017 fueron asesinadas más de 43 defensoras y periodistas.

“Las agresiones a periodistas, además de constituir una afectación a la esfera jurídica del agraviado, representan una afrenta a la sociedad en su conjunto”, destacó, y precisó que en el Estado de México no se cuenta con cifras al respecto, pero relató, como ejemplo, el desmantelamiento, en 2015, del equipo de transmisión de la radio comunitaria Calentana Mexiquense, en Luvianos, por emitir sin concesión, realizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y el atentado que el director de la estación, Indalecio Benítez, sufrió en 2014, en el que resultó muerto su hijo Juan Diego, de 12 años.

Calificó el homicidio de periodistas como “el ataque más cruel y extremo de censura a la libertad de expresión”, y atribuyó el fenómeno a la falta de políticas públicas encaminadas a garantizar un entorno libre y seguro para desarrollar su labor, una deficiente política de prevención del delito, la actuación tardía e ineficiente ante las denuncias, así como la ineficacia por parte las autoridades encargadas de perseguir los ilícitos”.

En este sentido, mencionó que en el sexenio pasado, periodistas mexiquenses padecieron el bloqueo de su trabajo cuando funcionarios o personal de Comunicación Social del Poder Ejecutivo los acusaban de hacer preguntas “incómodas” o ejerciendo presión para que no se publicara información crítica, y habló sobre la situación laboral de muchos de ellos, sin prestaciones como vacaciones, aguinaldo, pensiones o servicios de salud y salarios bajos, garantías que el Estado deber de promover que los medios de comunicación otorguen.

La iniciativa de ley establece que el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de México estará integrado por una Junta de Gobierno y una Coordinación Ejecutiva Estatal, y será operado por la Secretaría de Gobierno.

Se creará un Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que se destinará a la capacitación de periodistas, implementación y operación de las medidas preventivas, medidas de protección y medidas de protección urgente.

El proyecto indica que las agresiones se configurarán cuando por sus actividades de protección de derechos humanos o en ejercicio del periodismo se dañe la integridad física, psicológica, moral o económica, libertad o seguridad de los defensores y periodistas y de las personas de su entorno inmediato.

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