Con el objetivo de brindar jerarquía constitucional a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME), las Comisiones Unidas de Protección Ambiental y Cambio Climático y de Asuntos Metropolitanos de la 60 Legislatura aprobaron por unanimidad el dictamen para exhortar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a proponer la correspondiente reforma constitucional.

La propuesta del diputado Juan Carlos Soto Ibarra, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), permitirá que existan medios legales y constitucionales pertinentes para accionar eficaz y efectivamente los actos de gobierno y de administración para combatir los perjuicios de la contaminación ambiental.

La CAME es un órgano de coordinación administrativa intergubernamental integral creado en octubre de 2013 para brindar soluciones ambientales a la Megalópolis de México, que está integrado por el Gobierno Federal y los gobiernos de la Ciudad de México y de los estados de Hidalgo, México, Puebla, Morelos, Querétaro y Tlaxcala.

El punto de acuerdo, presentado en nombre de los diputados del PES ante el Pleno legislativo el 17 de noviembre de 2018, fue analizado en Comisiones Unidas para solicitar a López Obrador y a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco Ortiz Mena, que se realicen los estudios pertinentes y se presente una iniciativa para integrar a la CAME a la Carta Magna en los artículos 4 y 116.

Durante la reunión de las Comisiones Unidas, encabezada por la diputada María de Lourdes Garay Casillas (PES), presidenta de la Comisión de Protección Ambiental y Cambio Climático, el diputado Juan Carlos Soto, presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, explicó que la situación ambiental de la Megalópolis afecta a las 16 delegaciones de la Ciudad de México y a 224 municipios de las estados que la integran.

La legisladora María Lorena Marín Moreno (PRI) destacó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Megalópolis está conformada por 7 mil 853 kilómetros cuadrados, que como el principal centro económico del país en 2013 generó el 23.3% de la producción bruta nacional y que en 2010 concentró 20 millones de habitantes, por lo que los problemas ambientales de la zona no se deben tomar a la ligera y es necesario propiciar mecanismos que ayuden al cuidado de los ecosistemas.

También del PRI, la diputada Maribel Martínez Altamirano indicó que a pesar de la creación de la CAME no se han solucionado los problemas ambientales derivado de políticas públicas insuficientes de los tres órdenes de gobierno, por lo que no se ha garantizado el derecho humano a un medio ambiente sano, y resaltó que deben seguirse los objetivos marcados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Al calificar como una necesidad insoslayable el reconocimiento constitucional a la CAME para implementar medios legales, la legisladora María Elizabeth Millán García (morena) señaló que el exhorto es positivo para que se combata la contaminación ambiental, mientras que el diputado de la misma bancada Mario Gabriel Gutiérrez Cureño consideró que la propuesta ve por el bienestar de las futuras generaciones y propuso que se realicen reuniones interparlamentarios con legisladores de los otros estados involucrados.

APRUEBAN INICIATIVA DE LEY PARA LA RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ALIMENTOS DEL EDOMEX

Para garantizar el derecho constitucional a la alimentación y prevenir el desperdicio de alimentos, además de fomentar su rescate, recuperación y reutilización, las Comisiones Unidas de Legislación y Administración Municipal y para la Atención de Grupos Vulnerables de la 60 Legislatura, presididas por la diputada Alicia Mercado Moreno (morena), aprobaron por unanimidad el dictamen que expide la Ley para la Recuperación y Aprovechamiento de Alimentos del Estado de México.

Esta iniciativa fue presentada al Pleno por el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, a nombre del Grupo Parlamentario del PVEM, el cual coordina, el pasado 18 de diciembre, quien dijo que ésta ley es fundamental para el crecimiento sustentable y sostenible de la población mexiquense y destacó que Banco de Alimentos es una política pública desarrollada en la mayoría de los países europeos y en muchos de los estados de la república, pues su fin es erradicar el hambre y la mala nutrición de la población.

FAVORECE EL PRESUPUESTO ESTATAL LA IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

El gobierno del Estado de México dispone durante este año de mayores recursos para los programas en materia de igualdad de oportunidades y procuración de justicia para las mexiquenses, con el fin de contribuir a la construcción de una sociedad en la cual las mujeres y los hombres tengan el mismo valor.

Asimismo, promover la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el desarrollo y el bienestar de las mujeres, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones.

En este sentido, el Presupuesto de Egresos 2019, aprobado por la 60 Legislatura en diciembre pasado, incluye recursos por más de 10 mil 581 millones de pesos para programas de atención a las políticas públicas en materia de género derivadas de la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México, así como para las acciones derivadas de la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres.

En los recursos asignados a la Fiscalía General de Justicia (FGJEM), considera la cantidad de 213 millones 581 mil 134 pesos para llevar a cabo acciones en materia de procuración de justicia para la igualdad entre hombres y mujeres, mientras que, para la continuidad de la operación de los Albergues para Víctimas de Trata de Personas, se destinaron 20 millones 600 mil pesos que serán administrados por la Fiscalía.

En el presupuesto otorgado a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos también se consideraron 30 millones de pesos para llevar a cabo acciones para la Alerta de Género declarada en 11 municipios del Estado de México. Esta Secretaría será la encargada de implementar los mecanismos necesarios para la operación de estos recursos.

 

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