Por Luis Ángel Sánchez Castañeda

Desde que se anunció la propuesta para reformar al poder judicial, se ha generado una gran discusión mediática respecto a su contenido y su intención. Elementos necesarios para analizar, sin embargo, en este presente texto se abordará principalmente la profundidad del debate generado, ya que considero es una variable que se ha dejado de lado al momento de abordar el tema, lo cual ha propiciado una discusión reduccionista por las diferentes partes.

Por un lado del debate se encuentran los que rechazan la reforma, que no paran de generar desinformación respecto al tema, utilizando estrategias propagandísticas que se enfocan en generar ambigüedades y sobre todo una preocupación sobre una supuesta “dictadura”. También es muy común observar que se señale a la propuesta de reforma como una amenaza para los contrapesos del aparato estatal, argumentando que se trata de una violación a la autonomía del poder judicial, narrativas que únicamente reducen el debate, a una negación al diálogo para generar una crítica seria, que favorezca la creación de negociaciones que produzcan cambios necesarios a la reforma. Es decir, la estrategia empleada muestra dos elementos que caracterizan a esta fracción de la discusión; en primer lugar una incapacidad para construir críticas serias y bien argumentadas; y en segundo lugar una debilidad clara al momento de realizar intercambios políticos.

Por otro lado, tenemos al partido más popular y con mayor legitimidad social, probablemente en la historia del país, partido que tiene la intención de realizar la reforma al poder judicial como símbolo de una victoria clara del obradorismo en la arena política nacional, al ganar en las ultimas elecciones de manera rotunda. Sin embargo, también ha cometido el mismo error que sus rivales, al negarse a recibir crítica seria y bien argumentada, señalando a estas de “conservadurismos”, mostrando una postura reduccionista en la discusión. Es decir, su narrativa propagandística politiza de tal manera sus decisiones, que se cierran al diálogo democrático, dando pauta para que cualquier crítica objetiva generada desde el activismo, la sociedad civil, o la academia, sea ignorada y en muchas ocasiones atacada.

Esto muestra dos elementos que caracterizan a las discusiones de los asuntos públicos; en primer lugar un debate superficial y reduccionista, en el que no hay voluntad de construir intercambios políticos por las partes involucradas; y en segundo lugar una tendencia a polarizar el debate al construir discursos de confrontación, en lugar de narrativas que busquen la creación de consensos. Provocando que los temas realmente importantes en el debate queden relegadas a segundo plano por discusiones frívolas y arrogantes que no llevan a ningún acuerdo.

Nada que defender del actual poder judicial, y nada que aplaudir a la reforma propuesta.