miércoles, noviembre 20, 2019

Busca Morena que se responsabilicen en casos de triangulación de recursos.

Al considerar necesario responsabilizar en el nivel indicado los actos de corrupción y la triangulación de recursos en materia de adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes públicos, el diputado Margarito González Morales, a nombre del Grupo Parlamentario de morena, propuso que los titulares de las dependencias públicas firmen los contratos de prestación de servicios de cualquier naturaleza y de contratación de obra.

La iniciativa propone que sea el titular de dependencia, entidad o ayuntamiento quien suscriba el contrato dentro de los 10 días hábiles siguientes al de la notificación del fallo de la adjudicación de la obra o servicios relacionados a su ramo administrativo, además de que deberá cerciorarse fehacientemente que la entidad pública contratada cuenta con capacidad técnica, material y humana para la realización del objeto del contrato.

Los titulares también deberán certificar que la empresa contratada no subcontrate más de 49% de los trabajos o el importe total del contrato, además de que deberán vigilar el debido cumplimiento de las condiciones y términos establecidos en contratos formalizados.

Durante su exposición, en sesión del Tercer Periodo Ordinario presidido por la diputada Violeta Nova Gómez (morena), el legislador lamentó que a pesar de que en el Estado de México existe una serie de cuerpos normativos que regulan la contratación pública, los particulares y servidores públicos siguen simulando su cumplimiento y burlan la ley, ya que las decisiones son tomadas por los titulares de las dependencias, pero el despacho y la responsabilidad de la contratación queda a nivel operativo y de mandos medios.

“Este vacío de responsabilidad ha generado y permitido, en diversos niveles de gobierno, prácticas de corrupción ampliamente conocidas, como la triangulación de recursos, principalmente cuando se avecinan procesos electorales”, precisó el legislador.

Explicó que debido a que el peso presupuestal 2019 del Gasto Público vía adquisiciones y obra pública directa del Gobierno del Estado (sin considerar el gasto correspondiente en la totalidad de los municipios) asciende a 12% del total del presupuesto, se debe tratar con responsabilidad su ejercicio y la calidad de los bienes y servicios adquiridos.

Indicó que en una revisión de las contrataciones de obra y de los contratos del sistema electrónico Compramex en la entidad se encontró que los firmantes responsables de contratos son servidores públicos al nivel de jefes de departamento, con lo cual, al fincar responsabilidades por las autoridades pertinentes, normalmente se ven afectados servidores públicos de bajo nivel en la cadena y estructura administrativa del gobierno.

El diputado recordó que la Auditoría Superior de la Federación detectó en la Cuenta Pública de 2013 desvíos de recursos públicos por la subcontratación piramidal y la triangulación de recursos en adquisiciones realizadas al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Como ejemplo de lo anterior, citó la investigación periodística ‘La estafa maestra’, que reveló contratos celebrados por la Secretaría de Desarrollo Social con la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por 857.6 millones de pesos para acciones del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, donde se presentaron irregularidades que propiciaron la presunta simulación de servicios y adquisiciones y la subcontratación de proveedores sin el perfil ni la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios comprometidos, y que inclusive algunos proveedores no fueron localizados.

Añadió que otro caso referido en la Cuenta Pública 2017 es el del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, donde se infringió el marco normativo de licitación de obra pública y se detectó que, de las obras fiscalizadas, se incluyeron cantidades monetarias de obra pagadas y no ejecutadas, además de que se identificó la inadecuada evaluación de las propuestas técnicas y económicas presentadas por las empresas contratistas.

La iniciativa busca la reforma el artículo 65 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y al párrafo primero del artículo 12.38 del Capítulo Cuarto del Código Administrativo del Estado de México, así como adicionar el artículo 14 Bis a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. Fue turnada a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Procuración y Administración de Justicia.

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