Si no se tocan fiscalías y ministerios públicos los índices de impunidad seguirán por encima del 90 por ciento, considera Mauricio Massud.
El inicio de funciones del nuevo Congreso Federal y la discusión que se llevará a cabo a lo largo de los próximos días de la Reforma en materia Judicial, comienza a tener efectos en los índices económicos y ha generado el nerviosismo de mercados e inversionistas.
Mauricio Massud Martínez, Presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México señaló que estamos en un punto clave para la configuración del país y en donde el empresariado podría quedar vulnerable ante las decisiones judiciales y sin elementos de defensa para ampararse frente a actos de autoridad o para litigar controversias, concesiones denegadas o permisos rechazados que vulneren sus derechos.
La propuesta enviada desde el ejecutivo si bien tiene como premisa base eliminar actos de corrupción y abatir los índices de impunidad, no tendrá dichos efectos sino se atiende de inicio el primer eslabón de la cadena que son los ministerios públicos.
“La Reforma no considera a las fiscalías, a los cuerpos policiacos, a los ministerios públicos que es donde inicia la cadena de impunidad que alcanza el 98 por ciento de los delitos cometidos en el país y por otro lado amplía la lista de delitos que amerita prisión preventiva oficiosa con lo que se obliga a los jueces a encarcelar a personas antes de que se demuestre su culpabilidad”
El mensaje a nivel internacional sobre la elección popular de jueces y magistrados, también ha afectado la llegada de inversiones que en el caso particular de Estados Unidos alcanzan hasta el 83% de las relaciones comerciales internacionales del país, con lo que los efectos podrían verse durante los próximos meses, de manera mucho más acelerada.
Massud Martínez señaló que una preocupación latente, desde la iniciativa privada, es, no sólo lo que tiene que ver con jueces y magistrados, sino con la desaparición de órganos reguladores como el Instituto de la Transparencia, el Coneval y el traspaso de la Guardia Nacional al Ejercito.
Refirió que si bien hay un voto de confianza hacia la nueva administración Federal que iniciará operaciones el 1 de octubre, es indispensable que los ciudadanos tengan órganos de defensa y contrapeso, más aún cuando el 75% de los representantes del Poder Legislativo son de la misma extracción partidista que el titular del ejecutivo, situación que se replica en la mayor parte de los Estados de la República