Magistrados, ministros y jueces serán elegidos por el pueblo.

Con acusaciones entre panistas, denuncias de presunto secuestro del emecista Daniel Barreda en Campeche, portazo de presuntos trabajadores del Poder Judicial y estudiantes, cambio de sede y una sesión maratónica, Morena y sus aliados alcanzan mayoría calificada.

Con 86 votos a favor, 41 en contra y cero abstenciones, el Senado aprueba en lo general el Proyecto de Decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial.

El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, explicó que el dictamen considera la minuta que aprobó la Cámara de Diputados, el pasado 4 de septiembre, y que se le dio trámite de primera lectura en la sesión matutina de este martes.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Ernestina Godoy Ramos, presentó a la asamblea el contenido de la reforma, cuyo resultado es producto de una amplia discusión y análisis en todo el país.

Sólo entre los meses febrero y julio de este año, agregó, se realizaron más de 50 foros, diálogos estatales y regionales, en la cámara de diputados, congresos locales y plazas públicas, donde participaron integrantes de todos los Grupos Parlamentarios.

La reforma del Poder Judicial, dijo, es y ha sido una de las iniciativas más analizadas y debatidas en nuestra democracia parlamentaria, proceso que permitió enriquecerla y hacerle más de 100 modificaciones y precisiones a la iniciativa original, enfatizó la legisladora.

Con ella, dijo, se reconfigurará el sistema judicial mexicano, de tal manera, que se asegure la autonomía, independencia y especialidad técnica de los órganos jurisdiccionales; la participación ciudadana en la designación de sus titulares; y la administración de justicia de manera pronta y expedita.

Se trata, destacó Ernestina Godoy, de garantizar la independencia y autonomía del Poder Judicial, separar sus funciones del poder político y económico, protegerlas de intereses fácticos o criminales.

“Es un imperativo para lograr que la justicia alcance a todas y a todas, sin importar su ingreso o su influencia política, económica o social”, puntualizó.