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Con el propósito de construir una legislación que permita castigar los actos de corrupción y las conductas irregulares en el servicio público, Alberto Gándara Ruiz Esparza, magistrado jurisdiccional consultivo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, se pronunció por diversas modificaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y abundó sobre las áreas de oportunidad en esta materia.

Lo anterior, durante la conferencia magistral ‘El Sistema Nacional Anticorrupción y áreas de oportunidad para su implementación’, cuya clausura estuvo a cargo de la diputada Brenda Escamilla Sámano, presidenta de la Comisión Legislativa de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción.

Invitado por la Contraloría del Poder Legislativo, Gándara Ruiz Esparza habló de la necesidad de cuestionar si se debe contar con una sola Ley General de Responsabilidades para todo el país, o si las entidades deben generar sus propias leyes locales alineadas a la general.

Entre las áreas de oportunidad, sugirió, en primer lugar, simplificar el procedimiento de esta ley para hacerlo más expedito y para aclarar conceptos que son confusos e indefinidos. Precisó que esta legislación no incluye una definición de conflicto de interés y de sus alcances, por lo que planteó definirlo de manera clara y contundente.

Asimismo, propuso introducir en la ley el que los órganos internos de control municipales puedan imponer sanciones económicas cuando por una falta no grave se cometen daños importantes. Sugirió también convertir el catálogo de directrices y principios éticos, establecidos en el artículo 7 de esta Ley, en obligaciones y prohibiciones, para que tengan carácter de imperativo “y no queden solamente en buenas intenciones”.

Aunado a esto, propuso ampliar el catálogo de obligaciones y prohibiciones de las faltas graves y de faltas no graves, ya que aseguró que existe una gran variedad de conductas en el servicio público que pueden no encuadrar en los supuestos legales ya establecidos.

Además, planteó la posibilidad de que una falta no grave pueda convertirse en grave dependiendo de las características y circunstancias en que se cometió y de las consecuencias que generó. Para las faltas graves, también sugirió trasladar estos tipos administrativos penales a faltas administrativas, y modificar la redacción para quitarles la denominación de cohecho o peculado.

Destacó además la importancia de que sea sólo una autoridad, con calidad de jurisdiccional, la que deba sustanciar los procedimientos en todas sus etapas, desde la investigación hasta la sanción. En este sentido, propuso que las contralorías municipales funcionen como autoridades preventivas y que la parte sancionadora quede en manos de un órgano jurisdiccional.

El contralor legislativo Victorino Barrios Dávalos insistió, por su parte, en la importancia de instalar los sistemas municipales anticorrupción, o bien buscar otros mecanismos para que los municipios atiendan este propósito. Pidió, además, mantener en capacitación constante y permanente a los contralores municipales, ya que juegan un papel fundamental en el combate a la corrupción y a las irregularidades de los servidores públicos municipales.

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