El secretario de Seguridad del gobierno de Alfredo del Mazo impide que diputados y Codhem ingresen a cárceles del Edomex.

Ariel Juárez Rodríguez, diputado y presidente de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario del Estado de México del Congreso mexiquense, denunció que hay una resistencia permanente por parte de funcionarios en materia de seguridad del gobierno de Alfredo Del Mazo Maza, para que los diputados locales, funcionarios de Comisión de Derechos Humanos estatal y funcionarios mexiquenses en general, entren a los 23 centros penitenciarios como se había acordado y aprobado.

El diputado de Morena, Ariel Juárez, precisó que las visitas que se habían avalado por parte de todos los diputados de la comisión, tiene el objetivo de evaluar, en su calidad de representantes populares, la operatividad y desarrollo de las cárceles estatales donde viven más de 35 mil Personas Privadas de su Libertad (PPL).

En entrevista con Luis Pantoja Ríos, creador y titular de la plataforma de comunicadoresmx por donde se transmite el programa “De Análisis” de lunes a viernes de 13:00 a 14:00 horas, el legislador de Cuautitlán Izcalli consideró que los múltiples obstáculos que ha colocado el titular de la Secretaría de Seguridad estatal, Rodrigo Martínez Celis, para impedir la visita de los legisladores, en el fondo  tiene el firme objetivo de impedir hallazgos, irregularidades y posibles actos de corrupción como:

Hay armas, drogas y autogobiernos, así como un dormitorio habilitado para albergar a una decena de personas, es habitado por 40 o hasta 50 PPL, sobrepoblación extraordinaria que genera múltiples problemas, en tanto que otros dormitorios pueden existir (de acuerdo a testimonios de algunos PPL) hasta sala, televisión, refrigerador para beneficio de unas cuantas personas.

Presunta irregularidad que se estaría sumando a las condiciones insalubres en las que viven los PPL; carencia de personal médico para atender el malestar de los internos, así como alimentos, identificados cómo “rancho”, otorgados en malas condiciones a los PPL.

El diputado Ariel Juárez sostuvo que durante la administración de Alejandro Gómez Sánchez, ex Fiscal estatal, cientos de personas inocentes de las acusaciones que les imputan, terminaron encerrados, porque a alguien se le ocurrió elevar los números de detenciones, al margen de si eran culpables o inocentes.

Alejandro Gómez Sánchez “dañó a muchas familias”, dijo Ariel Juárez al asegurar que en los penales estatales hay cientos de casos de falsos culpables.

Puntualizó que en el sistema penitenciario hay miles de personas que merecen estar ahí por sus conductas delictivas, pero otras miles de personas no, ya sea porque les fabricaron delitos o porque sus proceso jurídicos estuvieron plagados de irregularidades.

Juárez Rodríguez recordó que para la seguridad y sistema penitenciario cada año se destina en promedio alrededor de 4 mil millones de pesos, pero  no “tenemos una buena seguridad”.

En este sentido, explicó que un elevado porcentaje de PPL son sostenidos por sus familiares que cada fin de semana les llevan despensa, medicinas y artículos de higiene personal, así como dinero.

Jaime Echartea Mojica, ex director del sistema penitenciario estatal, hace unas semanas dejó el cargo que hoy es ocupado por un ex funcionario del gobierno de Oaxaca que en su momento fue encabezado por el priista Alejandro Murat.

“El viene a concluir un ciclo de corrupción”, opinó Ariel Juárez.

Calificó a Rodrigo Martínez Celis, Secretario de Seguridad estatal y  jefe inmediato del titular del sistema penitenciario, como otro funcionario del montón, pues pese a su preparación y trayectoria profesional, en los hechos no ha movido un dedo para corregir el esquema de seguridad y por el contrario ha obstaculizado procesos de transparencia a los que está obligado.

Para el diputado de la Cuarta Transformación, las omisiones de Martínez Celis en los procesos de seguridad ha desencadenado, entre otras situaciones, que al interior de las cárceles operen cárteles de la delincuencia.

El legislador también  consideró que como no existe un reglamento que regule la operatividad en las cárceles, simple y sencillamente tratan de impedir que las personas del exterior se enteren de lo que pasa al interior.

Confió que con el arribo de un nuevo gobierno encabezado por un partido distinto al PRI, las instituciones de seguridad pública estatal registrarán una limpia profunda, así como un ajuste de cuentas de todos aquellos funcionarios que mantienen un comportamiento irregular, de encubrimiento e incluso delictivo como el actual  secretario de seguridad y “me hago cargo de mis señalamientos”, concluyó.