Indígenas de la comunidad Triqui cumple un año de vivir en la calles de la capital: Zeferino Ladrillero

“Es urgente impulsar y fortalecer el ejercicio al derecho de los pueblos originarios en el país, grupos históricamente vulnerados, que privan de acceso suficiente a servicios de salud básica, con altos índices de marginación socioeconómica y discriminación”, expuso el abogado José Antonio Lara Duque.

El cofundador del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” advirtió que se debe garantizar a las personas indígenas un mecanismo preventivo que advierta y evite conflictos sociales relacionadas con la falta de cumplimiento de este derecho, como lo es la consulta libre e informada.

En el marco de cumplirse un año de que un grupo de indígenas de la Comunidad Triqui, fuera desplazado de manera forzada de sus tierras en Oaxaca, y, a su vez, vivir en plena calle en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes de la capital del país, el abogado recordó que los pueblos originarios se ubican en un umbral aún más amplio de vulnerabilidad.

Resaltó que, de manera particular, el desarrollo de políticas de inversión inmobiliaria, de infraestructura y desarrollo económico son aquellas que provocan una carencia de información, hechos que se trasladan de manera directa a conflictos entre autoridades y personas.

En el caso de México, Lara Duque expuso que en el escenario de la pandemia por Covid-19, se ha puesto de manifiesto muchas desigualdades latentes, entre ellas, la atención desigual a integrantes de grupos vulnerables.

“Se ha exacerbado aquellas que limitan el acceso a derechos de los grupos históricamente vulnerados, que priva de acceso suficiente a servicios de salud básica y con altos índices de marginación socioeconómica y discriminación, se encuentra en un umbral aún más amplio de vulnerabilidad”, expuso.

El abogado señaló que es urgente que el Estado mexicano incorpore una visión multicultural e intercultural a su quehacer, con conocimiento práctico y de campo sobre las necesidades de los pueblos y comunidades indígenas.

“Se deben adoptar medidas de atención ciudadana culturalmente adecuadas que se reflejen en investigaciones que deriven en informes pero particularmente en criterios orientadores –el equivalente estatal a las Observaciones Generales de los Comités especializados de la ONU

Actores que permitan coadyuvar a la construcción de una cultura de derechos humanos, especialmente en los casos de atención a violaciones cometidas contra la población indígena mexiquense”, perfiló.