Actualizan en Comisiones Ley de Voluntad Anticipada del Edoméx.

 El Estado de México actualiza su Ley de Voluntad Anticipada, de tal manera que las personas con enfermedad terminal puedan tener la libertad de decidir si aceptan o no los tratamientos médicos correspondientes, aunado a que también se establece su derecho a recibir atención médica de cuidados paliativos a través de personal especializado, tecnología e insumos.

Este lunes, las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Salud, Asistencia y Bienestar Social de la LX Legislatura de la entidad, aprobaron, por unanimidad, el dictamen que modifica ese ordenamiento así como los códigos Civil y Administrativo, además de la Ley del Notariado del estado, con el propósito de garantizar a los enfermos terminales el decidir y planificar  de forma anticipada, los tratamientos médicos que desean recibir o no.

La reforma es impulsada por el diputado Maurilio Hernández González, coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del actual congreso mexiquense. Luego de aprobarse en comisiones,  se discutirá este martes, en el marco de la la sesión del pleno legislativo.

En el dictamen aprobado por las Comisiones Unidas también se establece el derecho de las personas con enfermedad terminal a recibir atención médica de cuidados paliativos a través de personal especializado, tecnología e insumos y se garantizan los derechos de las y los pacientes en fase terminal, y los de sus familiares, como el de recibir asistencia tanatológica.

Para ello, será necesario que la persona interesada en beneficiarse con esta ley  cuente   con la Escritura de Voluntad Anticipada, otorgada ante notaria o notario público. En ese documento se establece que una persona en pleno uso de sus facultades mentales, “manifiesta su decisión libre de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos o cuidados paliativos en caso de llegar a encontrase en fase terminal, concepto que remplaza el de etapa terminal”.

En su declaración de voluntad anticipada, la persona  podrá designar de uno hasta tres representantes que deben aceptar dicho cargo en el mismo acto para que verifiquen su cumplimiento.

Como parte de las modificaciones efectuadas a la Ley de Voluntad Anticipada se  amplían las atribuciones de la Coordinación de Voluntades Anticipadas de la entidad, a fin de que difunda y distribuya los formatos que faciliten el trámite para realizar las declaraciones de voluntad anticipada y capaciten a personal de instituciones públicas, privadas, sociales y civiles y sociedad en general, destaca el comunicado respectivo de la Cámara de Diputados local.

De acuerdo con el  Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, la

Ley de Voluntad Anticipada permite a enfermos terminales decidir si continuar o no con tratamientos que prolonguen su vida, “respeta el momento natural de la muerte y favorece la atención y los cuidados paliativos al final de la vida, es decir, ofrecer acompañamiento al paciente sin intervención médica durante esta última etapa”.

Destaca al respecto que fue la Ciudad de México  la primera entidad del país en aprobar la Ley de Voluntad Anticipada en enero de 2008. Posteriormente  se aprobó en otros 14 estados, entre ellos el Estado de México, así como, Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, , Colima, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala. Sin embargo, en el resto del país todavía no se cuenta con un ordenamiento de esa naturaleza.

Sin embargo, el Inapam aclara que la voluntad anticipada no es sinónimo de eutanasia, sino que su objetivo es, principalmente, regular la ortotanasia, que significa  la actuación correcta ante la muerte por parte de quienes atienden al que sufre una enfermedad incurable o en fase terminal. Así, en México no se permite legalmente la eutanasia o acto deliberado de dar fin a la vida de un paciente, destaca el instituto en su blog oficial.

Actualmente, la eutanasia voluntaria es legal en los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá y España, así como en Australia Occidental y entrará en vigor en Nueva Zelanda en noviembre de este año.