Se debe valorarse si el ex gobernador de Sonora Eduardo Bourns, es el único que pudiera ser incluido en la denuncia.

Durante la conferencia de prensa de esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre dos temas fundamentales, el primero tiene que ver con el caso de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde en 2009 fallecieron 49 menores y 106 resultados heridos y aún enfrentan secuelas.

En este sentido, Zoé Alejandro Robledo Aburto, director general de Instituto Mexicano del Seguro Social (imss) informó que se retoma el proyecto de sentencia que se rechazó en ese entonces en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que ahora se retoma para volver analizarlo nuevamente.

En su momento fueron señalados 18 funcionarios de los tres órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, y después otros adicionales, siete más. “En ese sentido es que debe valorarse si el ex gobernador Bourns es el único que pudiera ser incluido en la denuncia. Por eso se requiere de un ejercicio de la mayor responsabilidad”, agregó.

Dijo que la Fiscalía General de la República estará pendiente para ratificarla y, en su caso, también reforzarla, y también ampliar la denuncia.

El otro tema relevante se abordó el caso de las seis personas liberados el pasado 23 de mayo que estaban recluidas en el Centro de Readaptación Social en Santiaguito, en Almoloya de Juárez, estado de México.

Por su parte Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación presentó a Fermín Esquivel Rojas, Miguel Ángel Vilchis García, Yuriko Maribel Becerril, Daneyra Becerril Villavicencio, Beatriz Pérez Flores y Cutberto Vilchis García, quienes obtuvieron su sentencia absolutoria.

“La liberación fue resultado de un proceso en donde la propia juez resolvió que la causa penal por la que se encontraban detenidos no era consistente, no había elementos suficientes de prueba y obtuvieron su libertad incondicional sin ningún cargo”, dijo.

Las seis personas de Salazar fueron encarceladas por 217 hectáreas de bosque y tierras comunales que pretendían favorecer a particulares.

En su oportunidad, Cutberto Vilchis García, representante propietario de bienes comunales de la comunidad agraria de Salazar detalló: Salazar es un pueblo que forma parte del municipio de Lerma, en el Estado de México, se encuentra ubicado a la altura del kilómetro 36.5 de la carretera México-Toluca, está integrada por un caserío de 500 familias que además cuenta con superficies parcelarias de cultivo donde sembramos haba, maíz, papa y avena, con un área arbolada de aproximadamente 210 hectáreas.

Salazar se encuentra en medio de las dos grandes capitales, la capital de la República y la capital del Estado de México.

En los últimos años hemos enfrentado diversos procesos jurídicos para evitar el despojo de nuestro territorio, que pretende llevar a cabo San Mateo Atarasquillo, comunidad con la que se tiene un conflicto de límites de territorio y quien promovió un juicio agrario de número 446/2005 radicado en el Tribunal Unitario Agrario con residencia en Toluca, Estado de México, donde solicitaron que se le restituyera las tierras, tierras que ellos nunca han poseído y que nosotros tenemos en posesión ancestral desde tiempos inmemoriales, alegando que supuestamente se las invadimos en 1966, siendo que ahí hemos vivido mis abuelos, mi padre y ahora nosotros.

El pasado 17 de agosto de 2017 fue establecida la sentencia en el juicio agrario 446/2005, emitida en cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en el juicio de amparo el 9 de noviembre de 2016 con número 445/2014.

Dicha sentencia fue dictada por el Tribunal Unitario Agrario Número 9 de la ciudad de Toluca, la cual resuelve que no procede la restitución de tierras requerida por San Mateo Atarasquillo, se me reconoce la personalidad jurídica como representante comunal propietario de la comunidad agraria de Salazar.

En dichas tierras, es decir, la justicia ha ordenado que se respete el derecho a las tierras y la posición histórica de nuestra comunidad.

Casualmente 14 días después de emitida dicha sentencia, es que se lleva a cabo el operativo de las detenciones de nosotros y teniendo en cuenta que tenía como rectificar la solicitud y que quedara firme, tuve que hacerlo desde el penal de Almoloya de Juárez.

Por lo que con mi encarcelamiento no dejé de defender la tierra, ya que ellos, los de San Mateo Atarasquillo ya habían vendido nuestras tierras a gente de gran poder económico y político, y con esa sentencia se venía abajo su negocio.

Las vendieron a pesar que aún no se acaba el litigio agrario, las vendieron a pesar que había una medida cautelar que ordenaba que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban hasta en tanto no se resolviera el juicio.

Por eso esas ventas son ilegales ya que violaron dicha medida cautelar.

Para terminar, quiero decir que he dedicado toda mi vida a cuidar y velar los bosques y la tierra de mi querido Salazar y lo seguiré haciendo. Me canso ganso.

Notas Relacionadas

Social

YOUTUBE

PUBLICIDAD