miércoles, junio 23, 2021
SEDATU miente a López Obrador

Unas 80 familias son dueñas de los terrenos donde se construye parte del aeropuerto Felipe Ángeles y no han recibido el pago de la indemnización correspondiente: Hernández Romo

“Todo el  que falsifica, falsifica por algo y hay solo dos razones por las que se falsifica un documento: para engañar o para defraudar. En este caso, a mi parecer, por los documentos que he visto y por las gestiones que sé que se han realizado,  se buscó engañar al Presidente de la República. Se engañó al Presidente de la República y  se le dijo que todos los terrenos eran bienes nacionales porque así se había decretado, decreto que por supuesto fue ilegal, y de esa forma se dijo adelante con la construcción”.

Así lo manifestó el jurista Pablo Hernández Romo en entrevista exclusiva con COMUNICADORESMX. El abogado representa  a menos de la tercera parte de las 80 familias que son dueñas de terrenos en la zona donde se construye el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles,  y que no han recibido el pago de la indemnización correspondiente, bajo el argumento de que trata de bienes nacionales, lo cual se ha comprobado que es falso.

Para el especialista, es probable que la falsificación de los documentos que supuestamente acreditan que 749 hectáreas son bienes nacionales, pudo haberse realizado en la misma Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) “si ahí tenían los documentos que sabían que acreditaban que había propiedad privada en esos terrenos, o que ellos sabían por un expediente que enviaron al Juez de Amparo, y allí sabían perfectamente bien que era propiedad privada”.

Se refiere a Román Meyer, titular de la Sedatu; Ricardo Cervantes Peredo, subsecretario de Ordenamiento Territorial y Agrario de la dependencia, y María Estela Ríos González, directora de la Propiedad Rural de la misma Sedatu, contra los cuales ya se presentó una denuncia de hechos, el pasado 28 de abril, por los delitos de falsificación de documentos y uso de documentos falsos.

Recordó que en 2019, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) declaró que 749 hectáreas aledañas a la base militar de Santa Lucía, en el Estado de México, eran territorio nacional, lo cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación en abril de ese año. Se determinó que del total, 621 correspondían a los  comuneros de la comunidad de Xaltocan, municipio mexiquense de Nextlalpan y las restantes, 128, para la Secretaría de la Defensa Nacional.

Sin embargo, a partir de que una familia reclamó que 92 de esas hectáreas entregadas a la Sedena eran de su propiedad, la misma secretaría de la Defensa reconoció, a través de un documento que envió a Sedatu, que la superficie reclamada era propiedad privada, de acuerdo con la valoración que realizó el  Instituto de la Función Registral del Estado de México.

Desde el 25 de julio de 2019, el afectado Raúl Romero Zenizo  interpuso una demanda de amparo. Así inició su proceso legal para exigir a las autoridades que se le pague la indemnización que por ley, le corresponde. El 8 de marzo, presentó un nuevo recurso por la vía penal, ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quienes resulten responsables de la falsificación y uso de documentos falsos.

Sin embargo, al no tener respuesta sobre el curso de las investigaciones del caso, los días  31 de marzo, 14, 20 y 27 de abril solicitó el inicio de la carpeta de investigación a las autoridades de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, sin recibir respuesta en ningún caso, por lo que el 28 de abril se presentó la denuncia de hechos contra los funcionarios –ya mencionados- de la Sedatu.

De acuerdo con el abogado de los quejosos, en términos jurídicos Román Meyer Falcón y María Estela Ríos González de SEDATU son cómplices de engañar al ejecutivo de la nación así como al pueblo de México con la emisión de un decreto falso con el que se dio luz verde a Sedena de construir el aeropuerto en terrenos que son propiedad privada.

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