Un juzgado federal admitió la demanda en contra del ahora senador que promueve el abogado Oscar Valdés.

El abogado Oscar Valdés Ramírez dio a conocer que el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparos y Juicios Federales con sede en Toluca, admitió la demanda que promovió en contra del gobernador Alfredo del Mazo, por presunta violación a la Constitución con la ratificación, ahora como titulares, de nueve notarios provisionales designados por el ex mandatario Eruviel Ávila.

Hace unos días el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México se excusó para resolver el amparo indirecto 990/2019 promovido por la organización social “Más Vida Más Igualdad A.C.”

Para excusarse, el juez justificó la posibilidad de que se actualice la hipótesis normativa prevista en la fracción VIII, del artículo 51 de la Ley de Amparo, que representa “riesgo de pérdida de imparcialidad”, pues el abogado Óscar Valdés, representante legal en esta segunda demanda, imputó “al suscrito haberse reunido con el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y recibir dinero de éste para sobreseer el juicio de amparo 1219/2017 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México”.

Según el documento, si bien nunca se aportaron pruebas del señalamiento ni se siguió procedimiento alguno en contra del suscrito, “el citado abogado no se retractó de sus acusaciones, por lo cual, con fundamento en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, existen circunstancias objetivas que ponen en riesgo la imparcialidad.”

El juzgador plantea la necesidad de no poner el riesgo la imparcialidad del caso, debido a que el representante de la ONG denunciante, “fue la persona que calumnió al suscrito juzgador, generando animadversión por los antecedentes relatados”.

Ambas demandas de amparo consideran que con el acuerdo promulgado el 19 de julio pasado, el mandatario mexiquense violentó el principio de igualdad consagrado en el artículo primero constitucional al designar unilateralmente a los fedatarios cuestionados, bajo criterios subjetivos, con lo que además “menoscaba el derecho de los ciudadanos a la obtención e impartición de fe pública de una manera clara, trasparente e imparcial”.

También plantean que Alejandro Agundis, Gustavo Fernández Sauri, Marcelo Rossetto Armida, Ricardo Giovann Arredondo Lino, Lorena Garate Mejía, Alfredo Jaramillo Manzur, Erasto Martínez Rojas, Francisco Xavier Borrego Hinojosa y Héctor Javier Astudillo Calvo se encontraban impugnados por su designación como provisionales al incumplir los requisitos establecidos en la Ley del Notariado y, por tanto, son inelegibles.

Tampoco, refieren, tienen experiencia notarial, no son profesionales del derecho con una antigüedad mínima en el ejercicio de cinco años anteriores a la fecha de solicitud, ni realizaron prácticas de manera ininterrumpida por un período mínimo de un año en alguna notaría del Estado de México, y se desconoce si les fue aplicado en tiempo y forma el examen para aspirante a notario, todos requisitos establecidos por la Ley del Notariado de la entidad para ser designados fedatarios provisionales.

Adicionalmente, la norma citada marca una convocatoria que nunca existió, lo que vulnera el principio de igualdad jurídica.

Los nueve ahora titulares, plantea la demanda, se encontraban cuestionados por las demandas de amparo 1202/2017 de Teresa Hernández y 19/2017 de Juan Carlos Ruiz, ambos concedidos, en etapa de revisión y con suspensión definitiva.

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