Niños y niñas son utilizados para actividades ilícitas en un país donde no existe una tipificación legislativa.
Aunque el reclutamiento y el uso de la niñez y adolescencia para prácticas al margen de la ley pueden constituirse como uno de los peores delitos cometidos contras las infancias, en México este tema aún carece de una tipificación legislativa.
Además, la disponibilidad de materiales para explicarlo es todavía más limitada. Mucho más lo son las cifras oficiales que siguen siendo inexistentes cuando se habla del problema.
El compromiso del Estado mexicano de detectar, atender y prevenir el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes por la delincuencia organizada, a través de los datos oficiales, es débil.
A la fecha no existen cifras oficiales sobre el número de víctimas de este fenómeno. Empero, esta investigación realiza un ejercicio de medición inicial que evidencia que, en 2019, más de la mitad de las personas adolescentes que se encontraban privadas de su libertad a nivel nacional se hallaban en esa condición por cometer delitos en los que suele estar relacionada la delincuencia organizada.
Lo anterior presenta un panorama poco alentador para el logro de la meta 8.7 de los ODS que incluye medidas inmediatas y eficaces para erradicar, entre otros fenómenos desfavorables para la niñez y adolescencia, el reclutamiento y utilización.
La pregunta que vale hacerse es: ¿Cuántas personas adolescentes más debemos ver en esta situación para comenzar a tomar medidas más efectivas que protejan y garanticen sus derechos?
Pero no solamente es necesario contabilizar a las probables víctimas de esta grave violación a los derechos de la infancia y la adolescencia. Se requiere también revisar de forma individual los 916 casos de estas personas adolescentes que podrían estar siendo revictimizadas por el Estado, al cumplir la condena por las y los integrantes de la delincuencia organizada que en un principio participaron en su reclutamiento y utilización para actividades ilícitas.
Además, es necesario prevenir que las niñas, niños y adolescentes sean víctimas de este fenómeno y atenderlas de manera diferenciada, de acuerdo con las características y necesidades que representan cada población. Se debe hacer un mayor esfuerzo para atender de manera focalizada los factores de riesgo asociados al reclutamiento, como por ejemplo, garantizar de manera efectiva el derecho a la educación (en particular la de quienes no estudian o están en riesgo de abandonar la escuela), así como una vida libre de violencia y explotación (con un especial énfasis en la población que se encuentra ocupada), al igual que trabajar en la garantía de los derechos al bienestar, a una vivienda digna y al acceso a los servicios básicos en un país en el que la mitad de la población entre 0 y 17 años de edad vive en situación de pobreza, además de otros muchos derechos humanos que forman parte de la obligación del Estado con las infancias y que hoy todavía siguen sin garantizarse plenamente.
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Reportaje institucional sobre reclutamiento y utilización de #NiñezReclutada_F_15_AGOSTO_22
