Facilitar a víctimas y a inculpados el acceso a videograbaciones de seguridad pública, propone el PRD.

Para que las imágenes o sonidos captados por los equipos tecnológicos de seguridad pública puedan ser utilizadas también por el defensor del imputado o por el asesor jurídico de la víctima, favoreciendo con ello una defensa o asesoría jurídica sólida que permita exhibir dichos registros de investigación como medio de prueba para acreditar la inculpabilidad del indiciado, o bien para evitar violaciones graves al debido proceso, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRD en la 60 Legislatura propusieron reformas a la Ley que regula el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación para la Seguridad Pública estatal.  

Correspondió a la legisladora Araceli Casasola Salazar presentar la propuesta ante el Pleno, en nombre de sus compañeros de bancada Omar Ortega Álvarez y Claudia González Cerón, la cual reconoce la importancia de salvaguardar los derechos fundamentales, la presunción de inocencia y el debido proceso de todas las partes en el proceso penal, así como de proteger la igualdad de las partes en la etapa de investigación y de garantizar la defensa y la asesoría jurídica adecuada y eficaz.

Señala que, pese a que la información obtenida por el uso de equipos y sistemas tecnológicos ha sido de gran beneficio para los órganos de procuración de justicia, ya que facilitan la posibilidad de acreditar la participación de los imputados en los hechos delictivos, se ha dejado a la defensa del imputado sin la posibilidad de obtener dichos registros tecnológicos desde el momento de la aprehensión y hasta que ya es consignado ante un juez de control de la detención para acreditar, en su caso, que la detención fue realizada sin colmar los elementos esenciales de la flagrancia.

Asimismo, se impide conocer al asesor jurídico de la víctima los registros, precisa el documento, logrando que esta figura consagrada en el Código Nacional de Procedimientos Penales vea limitado su accionar en la coadyuvancia durante la investigación.            

Por todo lo anterior, la legisladora afirmó que esta reforma será una herramienta de gran ayuda para evitar que los mandos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México exijan a los elementos policiacos a su cargo, realizar detenciones sin importar que los detenidos no hayan tenido participación en los hechos delictivos.

Esta Iniciativa, que busca adicionar la fracción V del artículo 28 y reformar los artículos 35 y 36 de la mencionada ley, fue remitida para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito.