El informe “De norte a sur, de este a oeste”, concentra denuncias de diversos pueblos, sobre el reconocimiento de sus derechos humanos.

Al afirmar que transformar la justicia en la entidad “es un tremendo reto”, el diputado Max Agustín Correa Hernández señaló que los legisladores del Grupo Parlamentario de morena y sus aliados de la coalición Juntos Haremos Historia hacen lo necesario para reformar las instituciones y encontrar justicia social no como una imposición, sino como un acto de convencimiento y acuerdo político con todas las fuerzas representadas en la 60 Legislatura.

Al dar la bienvenida a la Casa del Pueblo a representantes de diferentes organismos ciudadanos que asistieron a la presentación del Informe de la situación de derechos humanos en el Estado de México, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, el legislador dijo que el documento servirá para conocer y debatir sobre el tema y seguir trabajando por la justicia en la entidad.

Después de recibir a los asistentes en nombre del diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 60 Legislatura, Max Correa apuntó que muchos presos en las cárceles mexiquenses son inocentes, por lo que se pronunció por mecanismos eficaces que permitan su liberación, y criticó las propuestas de construir más cárceles por medio de las llamadas asociaciones público-privadas, cuando lo mejor sería buscar construir más hospitales o escuelas.

El diputado se solidarizó con los periodistas mexiquenses que padecen un clima adverso para ejercer su labor informativa y demandó la libertad de Humbertus Pérez, luchador social, quien “a mi juicio”, puntualizó, está privado ilegalmente de su libertad.

Citlalli Cleto Bustamante, coordinadora del Área de Documentación del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, quien dio lectura al informe de derechos humanos “De norte a sur, de este a oeste”, detalló que concentra las denuncias de diversos pueblos, comunidades y organizaciones sobre el reconocimiento de sus derechos humanos y precisa que el estado tiene deudas con sus pueblos a causa de este tipo de violaciones. El documento solicita también la aprobación de la interrupción legal del embarazo como un tema de salud pública y el combate a la violencia en contra de las mujeres.

José Benjamín Bernal Suárez, primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, refrendó el compromiso de esta institución de dar seguimiento a las quejas de los ciudadanos y trabajar coordinadamente con las organizaciones para la atención y solución de las violaciones a esos derechos.

A nombre del centro referido, Antonio Lara Duque explicó que el informe sirve para visibilizar la situación de los derechos humanos en la entidad y aporta cifras y datos para el trabajo legislativo. Llamó al gobierno federal y al presidente Andrés Manuel López Obrador a respetar el derecho de los pueblos originarios de la región de Santa Lucía, donde se prevé ampliar el aeropuerto, a ser consultados sobre el proyecto, al igual que Lizbeth Laguna, vocera del Frente de Pueblos Originarios en Defensa del Agua, quien agregó que el gobierno debe tomar en cuenta a los grupos indígenas.

De los defensores del medio ambiente y la vivienda digna del predio La Pedrera, Basilio Lara explicó que los habitantes de este lugar fueron despojados violentamente el pasado 30 de noviembre de 2018, por lo que son víctimas de violación a sus derechos y garantías constitucionales, e hizo un llamado al gobernador para la recuperación legal de este predio.

En nombre de los expresos políticos de la comunidad indígena de San Pedro Tlanixco, del municipio de Tenango Del Valle, Pedro Sánchez Berriozábal aseguró que se debe resarcir el daño económico y moral provocado a quienes pasaron 16 años en prisión, luego de que fueron acusados de homicidio y sentenciados sin que hubiera pruebas suficientes y abusando de su condición de indígenas.

Otras peticiones de los asistentes al foro fueron el rescate de prácticas ancestrales como el trueque, la defensa del territorio, la autonomía, la identidad y el reconocimiento de los derechos y recursos naturales de los pueblos indígenas.

Asistieron a este Informe representantes de las organizaciones Comisión Indígena de Amecameca, Vecinos Unidos de la Zona Poniente de Nezahualcóyotl, Alianza Única del Valle, Colectivo Periodismo y Activismo, así como ciudadanos defensores de los derechos humanos de San Mateo Atenco, Temoaya, Coyotepec y Toluca, entre otros municipios.

 

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