Integrantes de la comunidad Triqui fueron desplazados de manera forzada ante un clima de guerra en Oaxaca.

El Estado mexicano debe evitar atropellar las garantías de las personas que integran la comunidad indígena Triqui, que de manera pacífica se manifestaba frente al palacio de Bellas Artes, así lo afirmó el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”.

El abogado José Antonio Lara Duque explicó que desde finales del año 2020 un total de 143 familias del colectivo Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) se vieron forzadas a desplazarse a la capital del país.

El integrante de la organización explicó que el grupo de personas indígenas Triqui instaló su protesta en la plancha del Zócalo, luego fueron removidos hacía Eje Central; más tarde, el campamento fue ubicado sobre la avenida Juárez.

Recordó que a principios de enero de 2021, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador respondió en una de sus tradicionales conferencias de prensa que, el gobierno federal habría de ayudar a pacificar la zona, que básicamente es considerada de guerra, con la intervención de la Secretaría de Gobernación, que dirigía en aquel entonces Olga Sánchez Cordero.

“Las personas de la comunidad de Copala, en Oaxaca, fueron expulsadas de sus viviendas en diciembre de 2020 tras diversos actos de violencia que se desarrollaron en aquella entidad oaxaqueña; de esta forma, los integrantes de la comunidad decidieron desplazarse hacía la capital del país para solicitar el apoyo del presidente López Obrador y recuperar sus viviendas y tierras”, dijo.

El abogado afirmó que, no obstante, de que el presidente López Obrador aún no los ha recibido para escucharlos; el trabajo de la oficina de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que dirige Alejandro Encinas Rodríguez, no ha logrado pacificar esta zona del país, para garantizar un regreso seguro a la comunidad.

Lara Duque explicó que este lunes un contingente de la policía capitalina desalojó a los integrantes de la comunidad y los trasladó a un “supuesto” refugio en la zona de la alcaldía Gustavo A Madero, sin el consentimiento de las personas indígenas.

“Los agarraron por sorpresa, destruyeron el campamento y, luego, en el predio al que fueron trasladados, los aprisionaron con el pretexto de que en ese lugar estarían más seguros; esto simplemente es revictimizar a las personas, de por si, ya desplazadas de manera forzada”, dijo.

“Es urgente que el Estado mexicano garantice el retorno a Tierra Blanca Copala, Oaxaca de estas 143 familias indígenas, en un ambiente de paz y concordia, ante la inacción del gobierno de Alejandro Murat en Oaxaca”, dijo.

El abogado agregó que ante la inacción del Estado mexicano, ya se trabaja en una petición formal a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y a la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (Onudh) para que acompañen el caso y garanticen los derechos como integrantes de un pueblo originario mexicano.