sábado, agosto 13, 2022
Urge una red de peritos para detectar delito de tortura

La figura del “defensor del pueblo” es sólo una “figura de ornato político”, advierte el “Zeferino Ladrillero”.

Ante los atropellos sistemáticos a los derechos humanos en México, el Estado mexicano debe homologar sus acciones de gobierno con los más altos estándares internacionales en la materia, así lo consideró el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”.

José Antonio Lara Duque, cofundador de este organismo, explicó que el Congreso de la Unión, de la mano de los locales y del Poder Judicial federal, deben construir una cultura que defienda al pueblo a través de ejes prioritarios de gobernanza.

El abogado explicó lo urgente que los tres órdenes de gobierno organicen una red de peritos especializados para analizar y detectar el delito de tortura, que hoy se carece prácticamente en todo el territorio nacional.

Lamentó que la figura del “defensor del pueblo” -depositada constitucionalmente en las comisiones de derechos humanos- sean sólo una “figura de ornato político” alejado de acciones para proteger y defender las garantías elementales”.

“Necesitamos, sostuvo, una cultura que ayude –desde sus propias facultades– a mejorar la política pública de los gobiernos en nuestro país y sobre todo, que abone en la efectiva protección de los derechos fundamentales de toda la población de manera transversal”, dijo.

Detalló algunos ejes rectores de acciones prioritarias para defender al pueblo; tal y como lo perfilan autoridades como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Por ejemplo, explicó, es una prioridad combatir la tortura y supervisar el Sistema Penitenciario nacional; atender las acciones para erradicar la violencia de género; supervisar los derechos de las personas y pueblos indígenas; así como afianzar el derecho económico, social, cultural y ambiental de las personas.

De esta forma, recomendó fortalecer los mecanismos de colaboración entre las instancias que defienden las garantías individuales —a nivel municipal, estatal e internacional—, su dirección presupuestal y reestructuración interna.

De esta forma, el gobierno federal podría garantizar el evitar atropellos sistemáticos a los derechos humanos, en casos fehacientes como las agresiones sistemáticas a la población indígena Triqui de Tierra Blanca, Copala, que desde hace meses fueron desplazados a la zona centro del país desde su natal Oaxaca.

“Las personas indígenas, entre ellas, mujeres, menores de edad, adultos mayores, llevan meses desplazados en la ciudad de México, debido a que el Estado mexicano no les ha garantizado derechos básicos como la justicia, vivienda digna, asociación política, salud, educación, empleo, entre otros muchos rubros más”, relató.

Es evidente que la figura del “defensor del pueblo” es prácticamente inexistente en el país, ya que día a día se vulneran los derechos de las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, migrantes, mujeres, indígenas y todas aquellas que se encuentran en grupos vulnerables.

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