martes, marzo 19, 2024

Bajo argucias legales, el gobierno del Edoméx otorga concesiones fraudulentas.

Sin tener derecho a hacerlo, pero al amparo de ciertas argucias legales, el gobierno del Estado de México amplió la concesión al grupo Aleática, antes OHL, a través de la sociedad denominada Viaducto Bicentenario, S.A. de C.V. para que siga operando esa vialidad construida sobre un bien federal, según se desprende del convenio que firmó el pasado 1 de octubre con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal.

Así lo señaló el abogado Paulo Díez Gargari, en entrevista exclusiva con COMUNICADORESMX, al calificar como “convenio de la vergüenza” dicho acuerdo firmado por el titular de la SCT, Jorge Arganis Díaz Leal, y por parte del gobierno mexiquense por el nuevo secretario general de Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez, y Luis Gilberto Limón Chávez, ahora como titular de la Secretaría de Movilidad, entre otros funcionarios de ambos niveles de gobierno.

En los antecedentes del acuerdo se menciona que el anterior secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, notificó en marzo pasado al gobierno mexiquense que se había iniciado una denuncia en su contra por incumplimiento de diversos ordenamientos, entre ellos el artículo quinto,   fracción tercera, de la Ley Federal de Caminos y Puentes y Transporte Federal, que establece que es facultad exclusiva de la dependencia federal, establecer concesiones para la construcción, operación, explotación y mantenimiento de una vía general de comunicación.

Sin embargo, la SCT ni autorizó ni otorgó la concesión a Aleática, antes OHL, para llevar a cabo esas acciones en el Viaducto Bicentenario, construido sobre un tramo que corresponde a la autopista México-Querétaro, y que por tanto constituye un bien de la federación.

Pero las autoridades mexiquenses argumentaron que no procedía la imposición de sanciones, debido a que en 1983, el gobierno federal les entregó el tramo Toreo-Tepalcapa, de dicha vialidad.

“Dicha entrega –dice textualmente el documento- estuvo precedida de un convenio celebrado entre la Federación través de la entonces Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (hoy Secretaría de Comunicaciones y Transportes) y “EL GEM” en términos del artículo 149 de la Ley de Vías Generales de Comunicación que implicó la asunción por parte del Estado de México de facultades que correspondían a la Federación, lo que ocurrió en un marco de coordinación”.

Destaca además que “la entrega constituye un poder jurídico y de hecho más amplio que el que derivaría de una concesión, pues implica que la Federación cede al Estado de México sus funciones para que éste la lleve a cabo. Implicó también que el Estado de México asumió esas funciones no en búsqueda de un beneficio derivado de la explotación del camino, sino como corresponsabilidad en la prestación de un servicio público”.

Para el propietario de DGT Díaz Gargari, SCT, resulta inconcebible que Díaz Leal siga en el cargo después de haber firmado dicho convenio: “el secretario no solo se equivoca, comete un atropello no solo contra la legalidad, un atropello contra la Constitución, contra la decencia e integridad de los mexicanos”, expresó.

Informó que a más tardar este viernes entregaría una denuncia por estos hechos ante la Fiscalía General de la República, además de que presentará denuncias administrativas ante la Secretaría de la Función Pública, y solicitará a la Auditoría Superior de la Federación que revise este asunto, e incluso no dudo decir que pedirá también la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador en este tema, que en su opinión solo es ejemplo de corrupción.

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