Presunción de Inocencia prepara acción colectiva ante la negativa de otorgar preliberaciones a internos que alcanzaron este beneficio.
La organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos AC, promoverá una acción colectiva contra la negativa de las autoridades estatales, para otorgar los beneficios de preliberación al menos a dos de los internos del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chiconautla que murieron por “neumonía atípica” o posible Covid-19 y los que se acumulen, pues la ley establece que sus deudos deben ser indemnizados por las afectaciones causadas.
El organismo ya prepara el recurso para los casos de Gonzalo, el primer deceso en ese penal por “neumonía atípica” y el de “Junior” quien en realidad se llamaba Heriberto, debido a que la Ley de Responsabilidad Patrimonial del estado de México reconoce que las autoridades estatales y municipales y de los tres poderes, están en la obligación de indemnizar a los ciudadanos mexiquenses que hayan sufrido alguna afectación en sus bienes y/o derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular.
El recurso puede ser promovido por una o más personas por la afectación de derechos comunes, pues tanto Gonzalo como Heriberto, ambos fallecidos, dice el activista, ya alcanzaban la preliberación pero les fue negada y con ello, las autoridades los pusieron en riesgo de contagio con un desenlace funesto.
Gonzalo era coordinador interno del grupo de doble A, un joven destacado en carpintería que dejó dos hijos en el desamparo. “Las autoridades pudieron evitar los contagios de Covid-19, de hepatitis y de todas las afectaciones a la salud de los internos, pero no quieren despresurizar las cárceles, no quieren cumplir con la ley”.
Pérez Espinoza indicó que por esta razón, Presunción de Inocencia hará valer las acciones colectivas que la ley prevé ante la falta de aplicación del sistema de justicia penal acusatorio, de certificación de los operadores de justicia de las instituciones de seguridad pública, de capacitación, actualización y modernización de los jueces y magistrados para operar este sistema de justicia y por el incumplimiento de los nuevos jueces en ejecución de sentencias que se crearon en teoría para dar celeridad a las preliberaciones.
El recurso además apelará a la no funcionalidad del Centro de Control de Medidas Cautelares y las medidas de supervisión para alcanzar los beneficios que establece la ley en materia de preliberaciones. Asimismo, incluirá la falta de creación de la base de datos de Personas Privadas de la Libertad (PPL) en donde se registrarían de manera automática la situación de cada uno de los internos y determinar quienes han cumplido con los requisitos para acceder a estos beneficios.
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