Exponen irregularidades en el Poder Judicial

La titular de la Segob, Luisa María Alcalde, exhibe situaciones en las que ministros de la SCJN se exceden en sus facultades.

Tras explicar la forma en que se elige a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como a magistrados y jueces de acuerdo a lo que estipula la Constitución, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde dijo que la reforma al Poder Judicial plantea que sea  la ciudadanía la que participe a través de un proceso democrático, que pueda acudir a las urnas y pueda votar por quien considera son los mejores perfiles.

Asimismo, exhibió algunas situaciones en las que se ha visto involucrado algunos impartidores de justicia, como fue el caso registrado en  diciembre de 2023, cuando la ministra Norma Piña convoca a una cena privada, “estamos hablando meses antes de la elección presidencial, convoca a una cena privada en casa de un ministro, de González Alcántara, al dirigente del PRI, Alejandro Moreno; al coordinador de campaña de la entonces candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, a Santiago Creel, quien conocemos hoy, no acudió, pero fue invitado y a los magistrados electorales de la Sala Superior”.

Otro caso relevante, ocurrió en julio del 2024 cuando un juez de distrito le ordena al Tribunal Electoral que designe a dos magistrados para poder integrar el Tribunal Electoral, “totalmente indebido, nuevamente los jueces no tienen competencia en materia electoral, pero, aun así, este juez decide ordenarle al Tribunal”.

Y finalmente, un tercer caso muy reciente, apenas en agosto de este año, donde la ministra Piña admite un recurso presentado por el dirigente del PAN, Marko Cortés, para que la Corte pueda interpretar y definir los criterios de la asignación de plurinominales.

“El ministro ponente -dijo- no somos competentes, no puedo decidirlo, tenemos también constancia de los vicios que ha existido en los supuestos procedimientos de selección de jueces, los exámenes que mucho se ha dicho ahora de los mejores perfiles llegan a ser jueces, no podemos desconocer, en 2019, como muchos otros casos, los escándalos en venta de exámenes que ha habido alrededor de estos casos”.

Por otro lado, la funcionaria recordó la destitución de quienes estuvieron a cargo de la escuela judicial por haber vendido exámenes en 186 mil pesos y reiteró el enorme entramado de familiares que participan en el Poder Judicial, el nepotismo, aquí en diciembre de 2022, el propio Consejo de la Judicatura.

Datos del Consejo de la Judicatura revela lo siguiente: la mitad del personal, el 49 por ciento, que equivale más o menos a 24 mil 546 personas, tiene al menos un familiar en el Poder Judicial; el 85.4 por ciento de los magistrados y el 67 por ciento de los jueces tienen familiares en el Poder Judicial, los magistrados tienen en promedio 4.7 familiares trabajando en el Poder Judicial.

El 23.7 por ciento del personal del Poder Judicial tiene más de cuatro familiares trabajando en la institución, la persona que acumula más familiares en el Poder Judicial tiene 26 parientes trabajando en la misma institución, incluyendo un magistrado, 13 secretarios, dos actuarios y 10 oficiales, esta información se obtiene del registro voluntario que realizan los trabajadores.

“Es decir, tú tienes que señalar bajo protesta de decir verdad quiénes son tus familiares, pero hay que considerar y como se sabe, muchas veces se declara aquellos que tienen tus mismos apellidos, pero no necesariamente aquellos parientes políticos. Es decir, a esto habría que sumar cuñados, nueras, suegros, yernos y muchos otros familiares que también forman parte de esta problemática”.

De 2004 a 2023 se presentaron o se han presentado 38 mil quejas contra funcionarios del Poder Judicial, de estas quejas se han desechado el 86 por ciento sin ni siquiera iniciar una investigación, ya no digamos que concluyeron, no, no, no se investigó en el 86 por ciento de los casos, de las quejas que sí se investigaron.

 El consejo de la judicatura apenas sancionó a 472 jueces y magistrados en todo este periodo, qué quiere decir, apercibimientos y amonestaciones 0.7 por ciento del total de queja, suspensiones 0.27 por ciento del total de quejas, destituciones 0.11 por ciento, inhabilitaciones 0.06 por ciento del total de quejas, y sanciones económicas 0.04 por ciento.

“Es un órgano que no es eficiente para vigilar el comportamiento de los jueces, y vamos mucho más allá, en el caso del Ejecutivo, de las dependencias, Gobernación y muchas dependencias del Ejecutivo, se han presentado en los últimos meses, de enero de 2023 a la fecha, 72 denuncias contra jueces y magistrados, que aquí muchas veces se presentan en cero impunidad, de estos 72 casos que se han presentado ante el Consejo de la Judicatura, ninguno a la fecha ha sido resuelto y ninguno a la fecha ha sido sancionado”.

En el caso del salario y las prestaciones, la del presidente ascienden con ambas a 161 mil 538 pesos y en el caso de los ministros a 460 mil 783 pesos.

“Sin contar, muchos otros conceptos que se han venido sumando, como alimentos, camionetas, gasolina, telefonía, entre muchos otros privilegios, que como hemos dicho, suman más de 700 mil pesos mensuales, violando así, flagrantemente, la Constitución, cuando se supone, debería ser este órgano que vigilará el cumplimiento de la Constitución”.