Las personas somos libres, las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les ordene.
Por Rubén Islas
De forma indebida el INE me exige que dé cuentas de mis expresiones en mi cuenta de la red social X por una denuncia por violencia política de género. Un acto más que descabellado y propio de las y los políticos autoritarios y autoritarias que se niegan a reconocer el absoluto derecho que los ciudadanos comunes, tenemos a referirnos a ellas o ellos como se nos venga en gana, porque son ellas y ellos los que están, constitucionalmente, sujetos al escrutinio público en razón del cargo que ocupan. Las personas somos libres, las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les ordene.
Por tal razón expongo públicamente mis alegatos, a fin de que la opinión pública de cuenta del autoritarismo de las y los funcionarios públicos del INE y del IEEM.
ALEGATOS
- La libertad de expresión como derecho humano
El INE debiera saber que, pilar dentro del sistema democrático de un Estado es el derecho humano a la libertad de expresión, sobre el que ninguna autoridad puede pedir cuentas a un gobernado, obligarle a justificar sus expresiones o someterle a censura alguna. El uso del lenguaje es libre y tiene por objeto la comunicación entre personas en su cotidianidad, la interferencia de las Instituciones del Estado para determinar la corrección en el habla solo es propia de Gobiernos autoritarios que no reconocen en los ciudadanos potestad alguna sobre la autonomía de su voluntad.
No hay palabras prohibidas entre personas en una sociedad libre dentro de un Estado de Derecho, todas las palabras tienen un significado, un orden lógico y un uso, existen para ser decidas. Chillar, hipócrita, manipuladora, pretenciosa, pendeja, tonta, estúpida, pinche, idiota, guadalupana, católica, gavilana, ignorante, vacuo, frívola, frívolo, manipulador, pretencioso, pendejo, tonto, estúpido, católico, gavilán y muchas más son de uso corriente en el Mundo, pretender censurarlas o pedir cuenta de su uso no sólo es descabellado sino un acto que no reconoce la realidad. ¡Ninguna autoridad ha podido, puede o podrá callar el uso libre del lenguaje!
En el uso común del lenguaje las personas insultamos porque la vida humana fluye dentro de una diversidad de relaciones de poder en las que se generan conflictos, percepciones, opiniones, juicios, afirmaciones y conocimientos, en una sociedad democrática bajo un Estado de Derecho no se puede prohibir el insulto porque este es un derecho derivado de la libertad de expresión, algo que debiera saber y respetar el Instituto Nacional Electoral como garante de la Democracia.
- El Derecho al Insulto
El derecho al insulto se refiere a que toda persona puede expresar opiniones fuertes, ofensivas o críticas sin ser penalizada por ello, en particular cuando se trata de figuras públicas, debates políticos o contextos sociales relevantes.
En la Democracia la libertad de expresión es un derecho fundamental otorgado por la Constitución y protegido por la ley. Este derecho garantiza el uso público de críticas, incluso severas, hacia otras personas, instituciones o figuras públicas.
El lenguaje ofensivo está protegido porque forma parte de la crítica legítima, especialmente hacia figuras públicas. Esto se debe a que dichas figuras están sujetas a un mayor escrutinio y se considera que deben tolerar los más altos niveles de crítica. Se protege el lenguaje grosero, provocador o crítico contra autoridades públicas, porque es parte del debate democrático y no necesariamente un ataque personal.
La libertad de expresión incluye opiniones provocadoras, impopulares o molestas. Permitir el uso de insultos garantiza que no se limite arbitrariamente este derecho. En una Democracia, es fundamental proteger el derecho a expresarse sin temor a represalias legales, incluso si el lenguaje utilizado es ofensivo o directo.
Los insultos son parte del debate político o social. Son una forma de crítica apasionada hacia personas, instituciones o sistemas que, de otro modo, no aceptarían escrutinio público. En el caso de las y los servidores públicos, deben aceptar un mayor grado de crítica, ya que tienen un impacto significativo en la sociedad y están sujetas a mayor examen por parte de sus gobernados.
Los insultos son una forma de resistencia simbólica contra autoridades o sistemas percibidos como opresivos, ineficaces, ignorantes o corruptos. En contextos donde los canales institucionales están restringidos, los insultos son la única forma de expresar disenso o frustración.
Lo que se considera un insulto varía según el contexto, la cultura y las sensibilidades individuales. Penalizar el insulto es una arbitrariedad, ya que no hay un criterio universal para definirlo. Reconocer el derecho al insulto minimiza el riesgo de que leyes vagas sobre injurias o «respeto» sean utilizadas para silenciar opiniones críticas. Restringir insultos lleva a la censura de discursos legítimos. La tolerancia a los insultos garantiza un espacio de libertad en el que se puedan expresar ideas sin miedo a represalias.
Insultar es una forma de liberar tensiones o frustraciones. Reconocer este derecho, permite una válvula de escape emocional para las personas. El insulto en el debate público no tiene la intención de dañar o generar odio sino de enfatizar una opinión o crítica.
Insultos o expresiones fuertes forman parte del humor, la sátira o la caricatura, herramientas esenciales para criticar al poder y generar conciencia social. Restringir los insultos tiene un efecto negativo sobre expresiones sociales, artísticas y culturales. Los insultos no expresan odio sino una adjetivación válida en todas las lenguas.
Las funcionarias o funcionarios del Estado, por ser sujetos de poder político y administrativo tienen mayor capacidad de defenderse y de responder a las críticas, por lo que no necesitan la misma protección que los particulares frente a los insultos. Los insultos hacia estas y estos nivela el campo de juego entre el poder (que tiende a concentrarse en el servicio público) y los ciudadanos comunes que sólo cuentan con su voz.
Proteger el «derecho al insulto» dentro del marco de la libertad de expresión permite preservar el debate crítico, garantizar el disenso frente al poder y proteger el carácter democrático de la sociedad.
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