Con argucias pretenden arrebatar tierras a personas originarias de Huixquilucan, denuncia el CDH Zeferino Ladrillero.
En los últimos años, los pueblos indígenas otomíes asentados en el municipio de Huixquilucan de Degollado, Estado de México, han resistido intentos de represión y persecución con el uso indebido del sistema de justicia penal para encarcelar a los liderazgos indígenas visibles y amedrentar así a las comunidades para poder arrebatarles sus territorios comunales para ponerlos al servicio de empresas nacionales y extranjeras.
A través de un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero dio a conocer que ocho indígenas otomíes, (4 hombres y 3 mujeres) del pueblo de Santa Cruz Ayotuxco, han sido notificados de audiencia para formularles imputación por el delito de «Despojo» dentro de la Causa de Control Penal 2054/2024 el día de mañana martes 24 de junio de 2025 a las 10:00 horas en las instalaciones del Juzgado de Control del Distritito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México el cual se encuentra ubicado en el Penal de Barrientos, lo que pone en riesgo su libertad personal acudan o no a la audiencia referida.
Les denuncia Reyes Antonio Silva Beltrán miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) quien ha sido Presidente Municipal de Huixquilucan y dos veces diputado federal en el Congreso de la Unión.
Cabe destacar, agrega el comunicado, que este municipio se ha caracterizado por ser uno de los bastiones donde las posiciones políticas más conservadoras se han mantenido en el poder municipal y desde allí proyectan representaciones legislativas tanto locales como federales.
Por otro lado Pablo Romero Segura, indígena y persona adulta mayor, ha sido representante de su comunidad y se ha involucrado en las luchas indígenas estatales y nacionales desde al menos los años 90’s. Ha participado en la defensa del bosque, el agua y en general el territorio del pueblo indígena otomí asentado en el municipio de Huixquilucan, de allí que resulte alarmante que se le pretenda crimínalizar.
Por lo anteriormente narrado el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero hace el más enérgico llamado a las autoridades mexicanas en todos los niveles para que con fundamento en el artículo 1ro. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos y el Acuerdo de Escazú se garantice la libertad personal e integridad física y psicológica de la persona defensora indígena y sus 7 compañeras y compañeros.
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