GEM paga 78 millones cada mes a empresa que no cumple con su función de mantener en buenas condiciones el Periférico Norte.
El Gobierno del Estado de México (GEM) a través del organismo descentralizado Junta de Caminos que tiene al frente a Ariel Juárez Jiménez, reconfiguró el contrato de Proyecto para Prestación de Servicio (PPS), firmado en el sexenio estatal del entonces gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, para mantener, en teoría, en perfectas condiciones la cinta asfáltica de periférico norte, objetivo que nunca se cumplió en su totalidad durante los 14 años de estar en operación (a dicho contrato le restaban 16 años más).
Es así como el servicio de mantenimiento de dicha vialidad, periférico norte, lo empezará a prestar el gobierno estatal y ya no un privado; la acción fue identificada como la recuperación de una vialidad que estaba, para su mantenimiento, en manos de particulares a través del PPS, que sí cobraba mucho y no otorgaba el servicio acordado en el contrato.
En entrevista con Luis Pantoja Ríos, periodista y director del programa “De Análisis” que se transmite de lunes a viernes de 13:00 a 14:00 horas por la plataforma de información comunicadoresmx, Teresa Ruíz, Directora Jurídica de la Junta de Caminos del GEM, precisó que a la empresa (Promotora y Desarrolladora Mexicana- Prodemex) se le paga 78 millones de pesos cada mes (el contrato está pactado a 30 años).
Pago de factura que realiza el GEM, pese a que no cumple con el contrato, el cual establece la obligación de mantener en buenas condiciones la cinta asfáltica de las principales vías primarias del territorio estatal.
Explicó que como la multa, castigo por incumplimiento, es muy baja (económicamente porque así está pactado en el contrato original firmado en sexenio priista), la empresa paga sin problema, es decir incumple con los términos del mantenimiento, y solo aporta el monto de la multa que es mucho menor en relación con la inversión que tendría que hacer para cumplir.
Es de destacar que dicho contrato ventajoso fue pactado por el entonces extitular de la Secretaría de Finanzas estatal, Luis Videgaray (actualmente se desempeña como maestro en una universidad de los Estados Unidos).
A decir de Teresa Ruiz, dicho contrato desde su origen tenía cláusulas muy ventajosas para el privado y altamente perjudiciales para el GEM.
También destacó que era imposible de cumplir, desde el punto de vista financiero, a raíz de que el dinero que paga puntualmente el GEM a dicha empresa, esta tiene que destinar el 70 por ciento de dicho ingreso-pago a la deuda que tiene con los prestamistas que le otorgaron los fondos-dinero para poder operar su negocio, es decir solo les queda un 30 por ciento para dar cumplimiento a la operatividad del contrato, a su obligación: mantener en buenas condiciones las principales vías de comunicación.
Teresa Ruíz, directora jurídica de la Junta de Caminos del GEM, precisó que funcionarios de los anteriores sexenios estatales, nunca se atrevieron a enfrentar a la empresa, bajo el supuesto que es muy poderosa, pero esa hipótesis se derrumbó en la administración de la Cuarta Transformación que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez.
Reconoció que, si la ruta de renegociación del contrato se iba por la vía jurídica-penal, era una pérdida de tiempo porque la empresa se ampararía y eso detendría la renegociación e incluso la prestación del servicio en su totalidad.
“Hoy en día quitamos periférico y vamos por todas las vialidades de zona oriente”, dijo la directiva del área jurídica de la Junta.
Ruíz dio a conocer que el PPS nunca pasó por Cámara de Diputados local, es decir registra una falta muy grave que va en contra de la ley estatal, por lo que dicho contrato, desde su origen, registra una gran cantidad de irregularidades y de observaciones por parte del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).
Precisó que actualmente el cumplimiento de pago que realiza el GEM para los PPS y el esquema de la Asociación Público Privadas (APP), absorbe el 91% del presupuesto de la Junta y por ello solo quedan 200 millones de pesos para el pago de la nómina, 35 millones para el pago de luz y 8 millones para gastos operativos y de las residencias.
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