En 12 páginas fundamentadas, el abogado Paulo Díez Gargari envía a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, la relatoría de las negociaciones “en lo oscurito” que realiza el secretario de Movilidad, Daniel Sibaja, con la empresa Aleatica respecto de la concesión del Viaducto Bicentenario.
De acuerdo a los argumentos esgrimidos por Díez Gargari, se encuentra la modificación de la concesión para obtener un “reequilibrio económico” que se traduce en más plazo y más tarifa por la explotación ilegal de un bien de la Nación, sin concesión de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)
“Si el Secretario Sibaja modifica la #ConcesiónBalín, lo habrá hecho con el conocimiento y consentimiento de la Gobernadora. Lo que no hizo ni el más arrojado ex Gobernador priísta, ¿lo va a hacer un gobierno morenista?”, se pregunta el abogado a través de una publicación en sus redes sociales.

De acuerdo a la extensa exposición, Díez Gargari asegura que “la corrupta Aleativa y el GEM finalmente han entendido y aceptado que Aleatica no es titular de una concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener el viaducto elevado o segundo piso del tramo Tepalcapa-Tepotzotlán de la carretera federal México-Querétaro, a pesar de que la concesión ‘patito’ diga otra cosa, pues dicho tramo carretero (lo mismo que el tramo Toreo-Tepalcapa de la carretera federal México-Querétaro) es un bien nacional de uso común, sujeto exclusivamente a la jurisdicción de los poderes federales, para cuya explotación se requiere, necesariamente, concesión del gobierno federal, otorgada por conducto de la SICT, misma que Aleatica no tiene y nunca ha tenido”.
No obstante, estos argumentos, agrega el abogado, Aleatica, antes OHL, no ha renunciado a su propósito de beneficiarse de algún modo -con cargo a México- de la inconstitucional e ilegal inclusión de ese viaducto elevado dentro del objeto de la concesión “patito” y ya negocia con el titular de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, Daniel Sibaja González, una supuesta solución al problema, consistente en excluir el viaducto elevado o segundo piso del tramo Tepalcapa-Tepotzotlán de la utopista federal México-Querétaro siempre y cuando el GEM “indemnice” a a la corrupta Aleatica mediante el reequilibrio económico de la concesión “patito”.
El problema, añade Díez Gargari, es que al parecer, “los intereses del Secretario Sibaja en este asunto no responden a la legalidad ni a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que establece el artículo 134 de la Constitución, respecto de la administración de los recursos públicos”.
Asimismo, solicita a la gobernadora que si después de leer la exposición que le presenta de la forma irregular como opera este tramo carretero, se demuestra lo contrario, es decir, que la “concesión” de Aleatica es un acto jurídico válido para explotar un bien nacional se le informe por escrito, no sin antes sugerirle que lea “con detenimiento, el inexistente convenio de 1981 y solicite al titular de la SICT que le confirme por escrito si el convenio de Colaboración es o no es un acto jurídico válido”.
Finalmente, Díez Gargari recuerda que de la explotación ilegal del Viaducto Bicentenario tiene conocimiento el Congreso del Estado de México porque hay puntos de Acuerdo propuestos por el Grupo Parlamentario de Morena y aprobados por todas las fracciones parlamentaria y “el GEM no puede hacer como que no conoce estos documentos”.
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